Casi dos años después de la celebración de la Cumbre del G20 en Toronto, un informe oficial criticó hoy la falta de preparación y los abusos de la policía canadiense durante la reunión en la que efectuó los mayores arrestos masivos de la historia del país.

El informe, de más de 300 páginas y realizado por la Oficina del Director Independiente de Revisión de la Policía, indicó que la policía violó los derechos civiles de miles de personas, utilizó de forma abusiva la fuerza y realizó detenciones ilegales.

Durante la Cumbre del G20 de junio de 2010, la policía canadiense detuvo a más de 1.000 personas, en su inmensa mayoría manifestantes pacíficos, y utilizó tácticas criticadas por muchas fuerzas policiales como acorralar a los manifestantes durante horas, bajo una lluvia torrencial, impidiendo su disolución.

El informe dijo que muchos agentes "utilizaron una fuerza excesiva al arrestar a individuos" que creó "un ciclo de respuestas por ambas partes".

El informe también dijo que la policía violó derechos constitucionales y que la planificación de la Policía de Toronto, a cargo de las medidas de seguridad de la cumbre, fue incompleta e inadecuada.

Este es el segundo informe publicado en los últimos días sobre la actuación policial durante el G20, en el que Canadá gastó alrededor de 1.000 millones de dólares en seguridad pero no pudo impedir que varias docenas de incontrolados provocaran destrozos en el centro de Toronto durante la reunión.

Hace dos días, un informe de la Policía Montada de Canadá, que participó en el sistema de seguridad del G20, dijo que esa fuerza policial había actuado de forma razonable pero reconoció que otras agencias habían utilizado métodos no aprobados, como el acorralamiento de manifestantes.

También ayer un juez de Toronto absolvió de todos los cargos a Byron Sonne, detenido por la policía de Toronto poco antes del inicio de la Cumbre y acusado de preparar atentados con explosivos durante la reunión internacional.

Sonne, que pasó más de un año en prisión antes de la celebración de su juicio, ha señalado que planea presentar una demanda civil contra el Gobierno canadiense por su arresto.