Los miembros de una veeduría que dijo que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, conocía los contratos que su hermano Fabricio tenía con el Estado esperan recibir mañana una respuesta a las peticiones de asilo que han presentado a Costa Rica, Panamá, Chile y Reino Unido, según indicaron hoy.

"Hasta mañana nos han dicho todos que nos responden", aseveró a Efe Pablo Chambers, el presidente del comité, quien teme ser encarcelado junto con sus colegas por las conclusiones a las que llegó la veeduría.

Chambers y sus colegas José Quishpe, Gerardo Portilla y Víctor Hugo Hidalgo han acudido a las embajadas de esos cuatro países en Quito desde el viernes para presentar las solicitudes, y hoy lo harán también ante la representación del Vaticano, según señaló el primero.

El propio mandatario solicitó la creación de la veeduría, pero una vez que hizo público su informe hace un año, Rafael Correa acusó a sus miembros de manipular documentos y de presentar una conclusión falsa, por lo que inició una demanda penal contra ellos.

El Gobierno de Costa Rica confirmó el sábado la recepción de la solicitud de asilo, pero dijo que aún no había tomado una decisión al respecto. El resto de países no ha hecho comentarios sobre el tema.

Chambers dijo que se sienten "perseguidos" por no decir en su informe lo que el presidente quería que se dijera.

El comité aseveró que el volumen de los contratos de Fabricio Correa ascendía a 657 millones de dólares y que hubo un perjuicio para el Estado de 140 millones.

El próximo 17 de mayo los cuatro veedores deben comparecer ante un tribunal para la presentación de cargos contra ellos y Chambers dijo estar "casi seguro" de que serán encarcelados ese mismo día.

"El cargo que se nos va a imputar es perjurio, tratando de desestabilizar la democracia, que es directamente a la cárcel", afirmó Chambers, quien explicó que "no existe libertad condicional" para esa acusación.

En su informe, la veeduría concluyó que Correa sí conocía los contratos de su hermano con el Estado, que están prohibidos por la ley ecuatoriana, y también afirmó que hubo favoritismo en su adjudicación en favor de Fabricio, según resumió Chambers.

El mandatario niega tener conocimiento de los contratos, que él canceló después de que una investigación periodística los sacara a la luz, y ha afirmado que el objetivo de la veeduría era "hacerle daño al Gobierno".

Los miembros del comité fueron elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo auditor ciudadano.

Los periodistas que revelaron el caso, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, también afirmaron en su libro "El Gran Hermano" que Correa sabía de los contratos.

El mandatario les enjuició por injurias por ello, pero tras ser condenados al pago de 2,1 millones de dólares les perdonó.