La oposición salió hoy a atacar al vicepresidente argentino, Amado Boudou, imputado por un fiscal de presunto enriquecimiento ilícito, en lo que constituye la segunda causa judicial que involucra al compañero de fórmula de la jefa del Estado, Cristina Fernández.

A raíz de los cargos del fiscal Jorge Di Lello presentados este lunes contra Boudou y otras personas, diputados opositores buscan reactivar un juicio político contra el vicepresidente, proceso que fue frenado por el mayoritario grupo de legisladores oficialistas.

Se agravó la presunción de "mal desempeño" del vicepresidente, dijo hoy el diputado Eduardo Amadeo, del Frente Peronista, formado por disidentes del Gobierno peronista Fernández.

Amadeo se lamentó de que el oficialismo impusiera su mayoría para aparcar la petición opositora de enjuiciar a Boudou el mes pasado, cuando el vicepresidente fue involucrado en una causa judicial por tráfico de influencias.

Boudou, quien preside el Senado, "debería pedir licencia hasta que se aclare su situación", afirmó el legislador, a quien acompañan colegas de la conservadora Propuesta Republicana y fuerzas aliadas a los disidentes del peronista Frente para la Victoria, liderado por la jefa del Estado.

El jefe del grupo de diputados oficialistas, Agustín Rossi, aseguró hoy que confía "absolutamente" en "la honestidad" de Boudou, quien se encuentra de viaje en Suiza y en su momento ha sido respaldado por Fernández.

Rossi remarcó que hasta ahora Boudou "sólo fue condenado" por la prensa y se lamentó de que "se ha mediatizado todo" en relación con este caso.

Además de Boudou, la Fiscalía imputó de presunto enriquecimiento ilícito al empresario Alejandro Vandenbroele, al abogado José María Núñez Carmona y a la periodista Agustina Kampfer, novia del vicepresidente.

El juez federal Ariel Lijo había trasladado a Di Lello una denuncia del periodista Christian Sanz para que se investiguen "las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial" de Boudou y allegados.

"Sin término medio, para algunos soy un héroe y para otros un imbécil por haber presentado la denuncia contra Boudou", afirmó hoy Sanz en su web Tribuna de Periodistas, en la que declara 15 años de trayectoria como investigador periodístico.

"No soy ni una cosa ni la otra, la presentación efectuada junto a mi abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten es solo parte del acopio y análisis de documentación pública", aseguró.

El diario bonaerense Página/12 apuntó que los antecedentes de Sanz "son oscuros" e indicó que el periodista fue colaborador de una web vinculada a exagentes del servicio secreto argentino desde la que difundieron "falsas denuncias".

Los acusados de enriquecimiento ilícito están obligados a demostrar el origen de sus ingresos y propiedades porque la legislación los excluye de la presunción de inocencia.

En los últimos años, muchos acusados de enriquecimiento ilícito fueron absueltos por falta de pruebas o a raíz de falsas denuncias en su contra.

El juez Lijo instruye además una causa en la que Boudou está señalado como partícipe de una maniobra para evitar la quiebra de Ciccone, empresa que fue contratada para imprimir moneda y que pasó a manos de una firma presidida por Vanderbroele.

El mes pasado, los legisladores oficialistas también frenaron la creación de una comisión parlamentaria para investigar ese presunto caso de tráfico de influencias, como propuso la UCR, que de momento no ha reaccionado ante los nuevos cargos contra Boudou.

Analistas políticos destacan que la situación de Boudou supone un dolor de cabeza a pocos meses del segundo mandato de Fernández, quien en su primera gestión como mandataria sufrió la deserción de su por entonces compañero de fórmula, Julio Cobos, exgobernador de la provincia de Mendoza (oeste) y disidente de la UCR.

Boudou, de 49 años, quien fue ministro de Economía durante el primer mandato de Fernández, surgió en las filas de la disuelta Unión del Centro Democrático, fuerza conservadora que fue aliada del Gobierno peronista de Carlos Menem (1989-1999)

En un caso inédito, Cobos pasó a ser referente de la oposición en junio de 2008, luego de dar su voto para que el Senado rechazara un proyecto gubernamental de impuestos móviles a la exportación de granos, motivo de un conflicto con las patronales agropecuarias.