La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, instalará mañana la llamada Comisión de la Verdad, que investigará las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura, pero sin poder llevar a los responsables ante la justicia.

Al acto en el que será formalizada la comisión, integrada por siete personas nombradas por Rousseff, han sido invitados todos los presidentes de la era democrática que comenzó en 1985, después de 21 años de regímenes militares: José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva.

En esa suerte de "fiesta de la democracia", Rousseff pondrá en funciones a la Comisión de la Verdad, que según la ley que autorizó su creación deberá "reconstruir la verdad histórica" y "promover el esclarecimiento de los casos de tortura, muerte, desapariciones forzadas y ocultación de cadáveres", entre otros puntos.

El alcance de esta comisión, sin embargo, estará limitado por una amnistía dictada en 1979, aún en plena dictadura, que impide llevar ante la justicia a los sospechosos de haber torturado, secuestrado o asesinado durante los llamados "años de plomo".

Esa amnistía fue contestada en 2010 por diversas organizaciones sociales que pidieron su nulidad ante el Supremo Tribunal Federal, pero la corte se pronunció en favor de su constitucionalidad, con lo que se mantiene en vigor, pese a las protestas de los movimientos de derechos humanos.

La propia Rousseff, que por su militancia política pasó dos años presa en tiempos de la dictadura y sufrió torturas, ha reafirmado que la Comisión de la Verdad respetará ese marco legal y se limitará a la función de "reconstrucción histórica" que le ha sido encomendada, "sin revanchismos" de ningún tipo.

Eso fue ratificado la semana pasada por el magistrado Gilson Dipp, uno de los miembros designados por Rousseff para la comisión, quien subrayó que "el único objetivo será recuperar la memoria, la verdad y la paz familiar para aquellos que vieron sus derechos violentados".

Según Dipp, "la Comisión de la Verdad es un compromiso de Brasil con su historia, con su pasado y con el esclarecimiento de la verdad de las graves violaciones de los derechos humanos que ocurrieron".

Otra de las integrantes de la comisión es la abogada Rosa María Cardoso da Cunha, amiga personal de Rousseff y defensora de presos políticos durante la dictadura.

El grupo lo completan el fiscal Claudio Fonteles, el exministro de Justicia José Carlos Dias, el sociólogo Paulo Sergio Pinheiro, la psicoanalista María Rita Kehl y el abogado José Paulo Cavalcanti Filho.

La comisión tendrá un plazo de dos años para investigar crímenes contra los derechos humanos ocurridos entre 1946 y 1988, aunque se centrará sobre todo en el último régimen militar (1964-1985).

La iniciativa de esta investigación, pese a su limitación legal, ha despertado inquietud en los círculos de militares retirados, que son formados por quienes estaban activos en tiempos de la dictadura.

El Club Naval de Río de Janeiro, que reúne a muchos de esos militares jubilados, anunció que ha creado un grupo, también de siete miembros, que se dedicará a seguir el trabajo de la Comisión de la Verdad y a "contestarlo" cuando lo considere oportuno.

"Es preciso oír a los dos lados, pues todo tiene un contrapunto y eso debe ser respetado", declaró el almirante retirado Ricardo Veiga Cabral, presidente del Club Naval.

Según Veiga Cabral, si las investigaciones de la Comisión de la Verdad "no permiten la defensa" de los militares que puedan ser señalados como responsables de violaciones de los derechos humanos, el Club Naval "romperá el silencio" para denunciar los "crímenes" cometidos por "la izquierda en armas" durante la dictadura.