Una de cada tres familias latinoamericanas, alrededor de 59 millones de personas, reside en una vivienda inadecuada, construida con materiales precarios o carente de servicios básicos, indicó hoy un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los países que peores índices registran son Nicaragua, Bolivia, Perú y Guatemala, y en términos absolutos los que mayores déficit muestran son Brasil y México.

El estudio, titulado "Un espacio para el desarrollo: los mercados de la vivienda en América Latina y el Caribe", informa que pese al progreso en los últimos años, el 21 % de las familias de la región carecen de electricidad e instalaciones sanitarias en sus viviendas.

"La región debe abordar las causas y no los síntomas del problema habitacional, asegurando que el mercado de vivienda ofrezca soluciones adecuadas y asequibles, con títulos de propiedad y acceso a servicios básicos, para que la gente no tenga que vivir en zonas marginales u otro tipo de vivienda informal", afirmó César Bouillon, coordinador del estudio.

Para que América Latina y el Caribe pueden reducir esta falta de viviendas, según datos del informe, los gobiernos deberían septuplicar la inversión actual en los programas públicos, es decir, destinar un 7,8 % del producto bruto de la región.

"Una solución sustentable y de largo plazo requiere la movilización de recursos del sector privado para aumentar la oferta de viviendas. Los gobiernos sencillamente no disponen de los medios para hacerlo por su cuenta", agregó Bouillon.

La situación es especialmente complicada en las grandes ciudades de la región.

Más de la mitad de las familias de Caracas, La Paz, Buenos Aires, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Ciudad de México, Quito y Managua no pueden costearse otra cosa que "una morada construida por su propia cuenta".

En la mayoría de los casos el principal limitación es la insuficiencia de ingresos, aunque también afecta la escasa oferta de viviendas de buena calidad o la dificultad para acceder a crédito.

Como recetas, el informe del BID destaca que los gobiernos deben aumentar su inversión en obras básicas de infraestructura, y facilitar así la participación del sector privado a la hora de ofrecer financiamiento hipotecario.

Por último, subraya la eficacia de medidas complementarias como ofrecer mayor flexibilidad en los programas públicos, mediante la promoción de un mercado de alquiler de viviendas económicas.