El vicepresidente argentino, Amado Boudou, fue imputado por un fiscal en el marco de una denuncia por enriquecimiento ilícito en manos de la justicia de su país, informaron hoy fuentes judiciales.

Además de Boudou, el fiscal Jorge Di Lello imputó al empresario Alejandro Vandenbroele, al abogado José María Núñez Carmona y a la periodista Agustina Kampfer, novia del vicepresidente, indicaron,

El juez federal Ariel Lijo había dado vista al fiscal de una denuncia para que se investigue "las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial" de Boudou.

La denuncia, efectuada por el periodista Cristian Sanz, señala como "supuestos testaferros" del vicepresidente a Vandenbroele, Núñez Carmona y Kampfer, entre otros, dijeron las fuentes a la prensa.

Además, Di Lello pide que se investigue la presunta participación directa o indirecta de Boudou en la Compañía de Valores Sudamericana y London Supply, firmas que compraron la empresa impresora Ciccone luego de que el Fisco desistiera de pedir su quiebra, asunto que es motivo de otra causa judicial en manos del juez Lijo en la que se involucra al vicepresidente en un caso de tráfico de influencias.

Asimismo, reclama investigar a los acusados por la "compra de terrenos" en un lujoso club de campo del balneario de Pinamar, a 380 kilómetros al sur de Buenos Aires, y un apartamento en el barrio de Puerto Madero, uno de los más exclusivos de la capital argentina.

Lijo instruye una causa en la que Boudou está señalado como partícipe de una maniobra para evitar la quiebra de Ciccone, empresa que fue contratada para imprimir moneda y que pasó a manos de firmas que tienen a Vanderbroele como el mayor accionista.

Los acusados de enriquecimiento ilícito están obligados a demostrar el origen de sus ingresos y propiedades ya que la legislación les excluye de la presunción de inocencia.

En abril pasado, Boudou desató un escándalo al asegurar que recibió ofertas de ayuda para evitar "problemas judiciales" de parte de un estudio de abogados de familiares del Procurador General (jefe de la Fiscalía), Esteban Righi, quien negó tales acusaciones y renunció al cargo.

El vicepresidente sostiene que es blanco de una campaña ideada por opositores y firmas competidoras de Ciccone que busca afectar al Gobierno de Cristina Fernández.