Una organización indígena de Guatemala presentó hoy un recurso judicial ante la Corte de Constitucionalidad (CC) de este país para que sea declarado ilegal e inconstitucional el estado de sitio decretado por el Gobierno en la población de Santa Cruz Barillas.

Abogados del Consejo de Pueblos Mayas de Occidente, el cual aglutina a decenas de organizaciones indígenas del oeste y altiplano del país, pidieron a la CC, por medio de un "recurso de inconstitucionalidad", dejar sin efecto el "acuerdo gubernativo" por medio del cual se acordó la medida de excepción, así como el decreto legislativo que lo ratificó.

Benito Morales, uno de los abogados que interpuso el recurso, dijo a los periodistas que "el estado de sitio es una media extrema e incongruente" que atenta contra el estado de Derecho, el sistema democrático y la Constitución del país.

Los magistrados de la CC, precisó el letrado, deben dar prioridad a los derechos constitucionales de los habitantes de Santa Cruz Barillas, los cuales fueron suspendidos por el estado de sitio, así como garantizar la seguridad de las personas y los recursos comunitarios.

El gobierno del presidente Otto Pérez Molina decretó estado de sitio en Santa Cruz Barillas desde el pasado 1 de mayo, luego de que cientos de pobladores protagonizaron violentas protestas por el asesinato de un líder de la comunidad y heridas a dos más.

El crimen fue atribuido a agentes de seguridad privada de la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la española Hidralia Energía S.A., que construye una hidroeléctrica en ese lugar y la cual ha rechazado las acusaciones.

Las autoridades han capturado a 17 personas a las que acusan de haber dirigido las violentas protestas, que incluyeron el ingreso por la fuerza a un cuartel militar del lugar, así como destrozos a varios inmuebles privados.

Sin embargo, aún no se han anunciado avances sobre los resultados de las investigaciones del asesinato de Andrés Francisco Miguel, cuya muerte detonó las protestas en contra de la construcción de la hidroeléctrica.

La CC deberá decidir en los próximos días si ordena suspender el estado de sitio en esa población o deja en firme la suspensión de los derechos constitucionales durante las próximas dos semanas que faltan para concluir el plazo de 30 días aprobado por el Parlamento.