Los países de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (Cifta) destacaron hoy en su tercera conferencia la importancia del rastreo armamentístico para luchar contra los tráficos ilícitos en las Américas.

La Organización de Estados Americanos (OEA) acoge hoy y mañana la reunión cuatrienal que une a casi todos los países de las Américas firmantes de la Convención de 1997, excepto EE.UU., Canadá, Jamaica y San Vicente y las Granadinas, que no ratificaron la declaración.

Durante el primer panel de presentaciones, los países presentes destacaron la importancia del trabajo regional en la creación de mecanismos de rastreo de armas, con el objetivo de poder luchar con más eficacia contra el tráfico ilícito.

El representante de la delegación de México Gabriel Morales instó a "duplicar los esfuerzos" en este aspecto e implementar nuevos mecanismos de marcaje para localizar a quienes incurren en los delitos de fabricación y tráfico de armas a lo largo de la región.

"El tráfico de armas vinculado al narcotráfico es un enemigo común que atenta contra la paz, los Derechos Humanos, la democracia y el desarrollo de nuestros pueblos. Es un actividad creciente, y tenemos que actuar sin dudas ni condicionamientos, con una estricta ejecución y un sentido de responsabilidad compartida", explicó el mexicano.

La representante de Ecuador, Gloria Pialtri, expuso precisamente los progresos del país andino en materia de seguimiento de armas y las medidas tomadas por el Gobierno de Rafael Correa respecto a la prohibición de la fabricación, tenencia y tráfico armamentístico en el país.

"Convencidos de que una sociedad no armada es una sociedad más segura, Ecuador creó la Comisión Nacional de Armas (...) y convirtió en delito tanto la fabricación como la tenencia" al considerar que es uno de los principales problemas que afectan a la región, explicó Pialtri.

"Hemos tomado diferentes medidas, no obstante hemos comprobado que ha incrementado la violencia de las actividades delictivas. Una vez que identificamos que los delitos se llevan a cabo con armas artesanales, también hemos prohibido la producción y tenencia de las mismas", añadió.

Según explicó la representante ecuatoriana, el Código Penal de su país tipifica el porte de armas como un delito con una pena de 3 a 5 años y las políticas públicas ejecutadas en la materia buscan "cerrar el círculo" al dificultar el acceso a las armas mediante la fabricación exclusiva de las mismas por parte del estado y la prohibición de su importación.