El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, dijo hoy que se opone a la nacionalización de empresas privadas como ha ocurrido en Bolivia y Argentina porque manda "un mensaje de incertidumbre" a la inversión extranjera.

"Yo no estoy de acuerdo en que el Estado deba de despojarle a los privados de bienes que han adquirido, porque eso envía un mensaje de incertidumbre", señaló Funes, preguntado por periodistas sobre si aplaudía la expropiación de empresas españolas por parte de los gobiernos de Bolivia y Argentina.

"Sería un desatino" para el país expropiar los bienes en manos del sector privado, agregó Funes, aunque no mencionó los casos de Argentina y Bolivia.

Destacó que en El Salvador "las empresas más importantes", de sectores estratégicos como la generación de energía eléctrica y agua, "están en manos del Gobierno", por lo que la expropiación está descartada, aunque reconoció que los bancos se "privatizaron mal".

"Fueron errores que cometieron los gobiernos del pasado, no los cometí yo", por lo que su Gobierno está "fortaleciendo la banca estatal" que quedó sin privatizar, apuntó.

Pero el Gobierno no está pensando en "estatizar" la banca privatizada, expresó Funes.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dispuso el pasado 1 de mayo expropiar las acciones de Red Eléctrica Española (REE) en una empresa transportadora de energía en Bolivia.

La empresa Red Eléctrica Española, creada en 1985, fue la primera empresa del mundo dedicada en exclusividad al transporte de energía eléctrica y a la operación de sistemas eléctricos.

Por su parte, el Congreso argentino aprobó el pasado 3 de mayo, en una sesión extraordinaria, la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) al grupo español Repsol.

YPF fue fundada en 1922, y en 1999, bajo el Gobierno de Carlos Ménem (1989-1999), fue privatizada y vendida a Repsol que, en 2007, dio entrada con un paquete minoritario al grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, afín al entonces presidente Néstor Kirchner.

En el momento de su intervención, YPF estaba integrada por Repsol (57,43 %), Petersen (25,46 %), el Estado argentino (0,02 %) y el restante 17,09 % cotizaba en Buenos Aires y Nueva York.

Ahora, el 51 por ciento de las acciones expropiadas a Repsol se repartirán entre el Estado (51 %), y las provincias petroleras, que asumirán el 49 %.