Los cuatro integrantes de una veeduría conformada para verificar si el presidente Rafael Correa conocía los millonarios contratos con el estado de su hermano mayor, Fabricio, solicitaron asilo político el viernes en la embajada de Costa Rica.

Los veedores Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portilla y Víctor Hugo Hidalgo acudieron a la sede diplomática del país centroamericano en Quito para formular su pedido, tras denunciar que son víctimas de persecución oficial por el trabajo que realizaron en 2009.

A la salida de la embajada, los veedores anunciaron a periodistas que más tarde harían igual gestión ante las embajadas de Panamá, Chile e Inglaterra.

The Associated Press llamó a la embajada costarricense, pero funcionarios de esa sede declinaron pronunciarse de inmediato.

Poco antes de acudir a la embajada tica, Chambers dijo en radio Sonorama que "frente a la falta absoluta de garantías y frente a la falta absoluta de defendernos, se ha decidido pedir asilo político".

"Nos están atando las manos, nos están quitando todas nuestras alternativas de defensa", aseguró.

Portilla dijo a periodistas al salir de la embajada que "no puede ser posible que nos estén tratando como delincuentes, que nos estén persiguiendo, que nos estén acosando, que se nos cierren las puertas".

"Le hago responsable al presidente (Correa) de lo que pase con mi familia... no somos vulgares ladrones para que nos estén persiguiendo de esta manera; sólo cumplimos con un mandato constitucional, un mandato que el propio presidente de la república dispuso", señaló.

Los integrantes de esta veeduría fueron seleccionados en el 2009 por el Consejo de Participación Ciudadana, atendiendo un pedido de investigación formulado por el propio Correa, para verificar si él conocía de los millonarios contratos que su hermano Fabricio tenía con el estado, lo cual está prohibido por ley en Ecuador.

Los veedores entregaron un informe aseverando que el mandatario conocía de tales contratos, que según ellos llegaban a 657 millones de dólares.

Debido a tales afirmaciones, Correa los acusó de perjurio y falso testimonio, por lo cual fueron llamados a juicio. Una primera comparencia ante el juzgado quinto de lo penal de Pichincha no se cumplió por problemas de orden formal y fueron citados nuevamente para el 17 de mayo.

Fabricio y el presidente Correa están distanciados desde el 2009 a partir de las denuncias periodísticas que dieron a conocer esos contratos, que el mandatario dejó sin efecto unilateralmente.

Las denuncias de los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita dieron origen al libro "El Gran Hermano", por el cual los comunicadores también fueron enjuiciados tras una denuncia por injurias formulada por el primer mandatario.

Los periodistas fueron condenados al pago de 2,1 millones de dólares, pero Correa los perdonó a fines de febrero.