Carlos Arrazola

La creciente presencia de soldados en las calles de Guatemala desde la llegada al gobierno del general retirado Otto Pérez Molina, en enero pasado, ha hecho resurgir los temores de la "militarización" de la seguridad en este país, considerado uno de los más violentos de la región.

"Se esta militarizando la seguridad con el argumento de que se busca combatir la delincuencia", pero en realidad se pretende "criminalizar las protestas sociales", aseguró hoy en rueda de prensa Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), una de los principales organizaciones de labriegos.

Pérez Molina ha negado los señalamientos de la supuesta militarización, y por el contrario, ha dicho que su objetivo es fortalecer las fuerzas civiles para cumplir su principal promesa de campaña: brindar "seguridad y tranquilidad" a los guatemaltecos y combatir con "mano dura" el crimen organizado y el narcotráfico.

Sin embargo, el jefe del Estado también ha sido claro en reconocer que echará mano de las Fuerzas Armadas "durante el tiempo que sea necesario" y mientras la Policía Nacional Civil concluye una reforma interna, que busca profesionalizar a esa fuerza y rescatarla de la corrupción e incapacidad en que cayó en el último decenio.

Al frente del ministerio del Interior, Pérez Molina designó al teniente-coronel retirado Mauricio López Bonilla, quien además de incrementar la presencia de soldados en las unidades de vigilancia de la Policía también creó "fuerzas de tarea", integradas por militares, policías y civiles especializados, para hacer frente a los grupos criminales.

En su tercer mes de Gobierno, "el general", como le dicen a Pérez Molina sus más cercanos colaboradores, anunció la apertura en junio próximo de dos nuevas brigadas militares, integradas por al menos medio millar de soldados cada una y que representarán una inversión anual de unos 12 millones de dólares.

La primera de esas unidades, la Brigada Especial de Operaciones de Selva, estará ubicada en el norteño departamento de Petén, fronterizo con México, y tendrá como principal misión combatir a los narcotraficantes que operan en esa zona.

Contará con un comando de "kaibiles", las fuerzas especiales entrenadas para combatir en condiciones adversas que son señaladas de haber cometido masacres y violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna que vivió el país entre 1960-1996 y dejó unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.

La Segunda Brigada de Policía Militar será instalada en la población de Juan Sacatepéquez, a 35 kilómetros al noroeste de la capital, donde desde hace dos años existe un serio conflicto social debido a la oposición de los pobladores a la instalación de una fábrica de cemento de propiedad privada.

Rony Urizar, portavoz del Ministerio de la Defensa, ha dicho que el objetivo es fortalecer la presencia "estratégica" de las Fuerzas Armadas en Juan Sacatepéquez y no "proteger" los intereses de la cementera, como aseguran los lugareños.

Entre sus planes a mediano plazo, el Gobierno también contempla la instalación de una "fuerza de tarea" con amplia presencia militar en Ciudad Tecún Uman, fronteriza con México, en donde operan grupos de traficantes de drogas, armas, personas y mercancías.

Ello implicaría, según el Ministerio de la Defensa, que durante los primeros seis meses del Gobierno de Pérez Molina las fuerzas del Ejército crecerían de 15.000 a 18.000 efectivos.

Otra de la acciones gubernamentales que ha activado la alerta entre quienes temen la militarización de la seguridad es el "estado de sitio" decretado el pasado 1 de mayo en la poblado indíegan de Santa Cruz Barillas, a 415 kilómetros del oeste de la capital.

La medida se aplicó tras fuertes protestas de los indígenas por la muerte de un lugareño supuestamente a manos de agentes de seguridad privada de una hidroeléctrica.

Medio millar de militares fueron enviados al lugar para "rescatar la gobernabilidad" y, junto a agentes de la Policía, capturar a los líderes que habrían dirigido las violentas protestas, tildados por el presidente de "maleantes manipulados por los narcotraficantes que no quieren un destacamento" de seguridad en ese sitio.

En marzo pasado, durante una visita oficial al país, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, se espantó al ver en las calles a los soldados acompañando a la Policía en los operativos de vigilancia.

La seguridad ciudadana, dijo entonces Pillay, "es una tarea de la policía" no de los militares, a lo que Pérez Molina respondió que el despliegue castrense era "una medida temporal".

Este jueves la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), presentó un informe según el cual los asesinatos se redujeron un 11,2 por ciento entre enero y abril pasados, en comparación con el mismo período de 2011, y lo atribuyó a los planes de seguridad implementados por Pérez Molina.

El GAM señaló además que en el primer cuatrimestre del año la tasa de homicidios se ubicó en 38 por cada 100.000 habitantes, inferior a los 44 por cada 100.000 habitantes registrado en todo el 2011, una de las más altas de la región latinoamericana. ACAN-EFE

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