La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió hoy de las condiciones de superpoblación, corrupción y falta de mecanismos de control y servicios básicos en las cárceles latinoamericanas, donde -afirmó- se produce una "violación sistemática" de los derechos.

El primer informe sobre Personas Privadas de Libertad de 2011, publicado hoy por la CIDH, destaca que el hacinamiento en las prisiones es el problema más grave, que afecta a "la absoluta mayoría de los países de la región" y que se encuentra detrás de muchos de los peores incidentes en las prisiones latinoamericanas, como los incendios de los últimos meses en Honduras.

Ese tipo de incidentes se ven empeorados por una falta notable de prevención, que da como resultado altos números de muertes, denuncia el organismo de la OEA.

Así, en Honduras el 14 de febrero murieron 360 reos y una mujer que visitaba a su marido en la Granja Penal de Comayagua (centro) y otros trece en el presidio de San Pedro Sula (norte) el 29 de marzo.

"La CIDH observa que un número importante de muertes de personas privadas de libertad en las cárceles de la región se producen como resultado de la falta de prevención y atención oportuna de las autoridades", detalla el informe.

El texto añade que las cárceles son "por su propia naturaleza recintos que presentan un alto riesgo de incendios", sobre todo cuando se trata de instalaciones superpobladas, precarias o que no fueron construidas originalmente para ser utilizadas como centros de reclusión.

La CIDH ha constatado que en muchos casos son los propios presos los que, para lograr mayor comodidad o privacidad, "colocan cortinas, hamacas, anexos y conexiones eléctricas improvisadas que no son debidamente supervisadas ni controladas por las autoridades", lo que elevan los riesgos dentro de los penales.

En el sistema penitenciario de Honduras, compuesto por 24 cárceles, impera, según afirmó la CIDH tras una visita al país, "la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de instalaciones físicas adecuadas y seguras para el alojamiento de los reclusos, las condiciones de higiene y salubridad son deplorables y la provisión adecuada de alimentos y agua potable".

La CIDH subrayó además en su informe que los Estados tienen "la obligación de conducir investigaciones serias, diligentes e imparciales de los incendios que se produzcan en los centros de privación de libertad, que conduzcan a la sanción penal y administrativa de las autoridades que estuvieron implicadas en las precarias condiciones de las cárceles".

El informe denuncia también problemas como la corrupción o la falta de servicios básicos, tras "décadas de desatención" por parte tanto de la sociedad como de los Gobiernos.

La falta de políticas públicas y la especial situación de vulnerabilidad de los presos hace, según señala la CIDH, que "las condiciones en las que se mantiene a estas personas se caractericen por la violación sistemática de sus derecho humanos".

Así, la Comisión recomienda a los Gobierno adoptar políticas penitenciarias integrales que permitan investigar la corrupción, fomenten la rehabilitación de los presos y unas condiciones dignas que permitan controlar de manera eficiente los centros carcelarios.