Los activistas por los derechos transgenéricos dicen que Argentina ahora está a la vanguardia mundial al conceder a sus habitantes el derecho de cambiar legal y físicamente su identidad genérica sólo por desearlo, sin tener que someterse de antemano a humillantes procedimientos judiciales, siquiátricos y médicos.

La ley sobre identidad de género que aprobó el Senado el miércoles por la noche por 55-0 es la más reciente de las medidas osadas en el terreno social del gobierno argentino, que también legalizó el matrimonio homosexual hace dos años.

Estos cambios afectan principalmente a grupos minoritarios, pero son fundamentales, afirmó la presidenta Cristina Fernández, para una sociedad que todavía está conmovida por las violaciones a los derechos humanos de la dictadura de 1976-1983 y el paternalismo de la Iglesia Católica.

Activistas y académicos que han estudiado las leyes y costumbres sobre identidad de género en el mundo dicen que ningún país ha ido tan lejos como Argentina para permitir la autodeterminación en la materia. Aun en Europa, los transgenéricos deben someterse a exámenes físicos y mentales antes de recibir beneficios del seguro de salud para los tratamientos de cambio de sexo.

La ley argentina también es la primera en dar a los ciudadanos el derecho a cambiar su género legalmente sin cambiar sus cuerpos previamente, dijo Justus Eisfeld, codirector de Acción Global para la Igualdad de Género, en Nueva York.

"El hecho de que no haya ningún requisito médico — ni cirugía, ni tratamiento hormonal ni diagnóstico — es único en el mundo. Está años luz por delante de la gran mayoría de naciones, incluso Estados Unidos y significativamente por delante aun de los países más avanzados", afirmó Eisfeld, que estudió las leyes sobre el tema de los 47 países del informe del Consejo de Europa sobre derechos humanos.

Marcela Romero, que nació varón pero se sometió a una operación de cambio de sexo hace 25 años, tuvo que pasar 10 años acudiendo a los tribunales en Argentina hasta que un juez ordenó al registro civil extenderle un nuevo documento de identidad como mujer. "Es algo humillante para nosotras. Muchas compañeras tuvimos que pasar por diagnósticos psicológicos, físicos, es algo humillante", dijo a The Associated Press el jueves. "Con esta ley no tendremos que pasar por eso".

Romero, de 48 años, dijo que conoce a 40 personas que también tuvieron que conseguir aprobación judicial para las operaciones de cambio de sexo y que todavía están en listas de espera. La ley seguramente les ayudará a conseguir el tratamiento que necesitan, confió.

Romero dirige la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), cuyo equipo legal contribuyó a redactar la ley con la ayuda de una coalición internacional de grupos activistas que presionan a los gobiernos para permitir que la gente misma determine su propia identidad de género.

Ahora que el matrimonio gay y los cambios de sexo son legales, el gobierno presiona por reformas fundamentales de los códigos civil y penal de Argentina, un conglomerado de leyes a menudo contradictorias que datan de hace más de un siglo y cubren todos los aspectos de la sociedad. Alentadas por la presidenta, las comisiones del congreso, incluidos los miembros de todos los principales partidos, están trabajando con la Corte Suprema para elaborar una amplia legislación.

La Iglesia Católica, que tuvo un papel desmesurado en la redacción de estos códigos a lo largo de los 200 años de historia del país, se ha opuesto a muchas de las reformas sociales, y no sólo las que afectan a las personas gays, lesbianas y transexuales.

"Los legisladores argentinos están introduciendo profundos cambios en la vida social, que no responden a ningún reclamo social y sin prever las consecuencias concretas que una medida de esta naturaleza puede traer", escribió el jueves en "Valores Religiosos", una publicación en línea auspiciada por el arzobispado de Buenos Aires, Nicolás Lafferriere, director del Centro de Bioética, Persona y Familia, que es patrocinado por la Iglesia.

"Nos encontramos ante la ley más permisiva del mundo en la materia, ya que para alterar todos los registros públicos no hay que justificar nada más que un deseo personal en base a la propia autopercepción. No es fácil prever las consecuencias", añadió Lafferriere.

La mayoría de los argentinos aún se identifican como católicos, y el catolicismo sigue siendo la religión oficial de la nación.

Sin embargo, cada vez menos argentinos asisten regularmente a misa, y los sacerdotes y obispos locales ya no cuentan con el mismo poder desde el púlpito. La iglesia está tan débil políticamente que el gobierno la ha tratado más como un enemigo útil que como una fuerza capaz de influir en un gran número de votantes.

La jerarquía católica también ha estado inexorablemente vinculada a la junta militar que mató a unas 30.000 personas durante la dictadura. Ambas impusieron valores sociales conservadores en su momento.

Karla Oser, de 38 años, se sometió a terapia hormonal antes de que cirujanos transformaran su órgano masculino en una vagina en el año 2006, convirtiéndose en una de las únicas 40 personas que han tenido cirugía de reasignación de sexo en un hospital público en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Antes tuvo que presentarse ante un juez con el testimonio de dos psicólogos, un psiquiatra, un otorrinolaringólogo, un ginecólogo y un urólogo.

Incluso después de su cirugía de reasignación de sexo, ella no ha podido obtener el permiso judicial para actualizar su documento nacional de identidad a fin de reflejar su nueva identidad sexual, según un anuncio del Ministerio de Salud Pública, pero la ley le da esperanzas, dijo: "La operación me cambió la vida y hoy celebro que todos los que atraviesan una situación similar a la mía puedan llegar a la cirugía sin necesidad de atravesar el laberinto judicial que yo atravesé".

El ministerio citó a Oser como parte de un anuncio que afirma que los cirujanos del gobierno están dispuestos a proporcionar un tratamiento similar para cualquier persona que decida que lo quiere, sin hacer más preguntas.

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Anita Snow en Ciudad de México y Almudena Calatrava en Buenos Aires contribuyeron a este despacho.