La bolsa española subió el jueves con fuerza y la presión sobre la deuda española se moderaba tras la nacionalización de Bankia, el cuarto banco del país, pero persisten las dudas sobre el futuro del sistema financiero.

La entrada del Estado en Bankia para garantizar su solvencia fue bien recibida por los mercados. También el opositor Partido Socialista apoyó la medida, pero exigió depurar las responsabilidades por lo ocurrido.

El presidente Mariano Rajoy no ha desvelado el contenido de las nuevas medidas que se plantearán el viernes, pero todo apunta a que se exigirán nuevas provisiones — reservas que los bancos guardan para afrontar posibles impagos — por valor de 30.000 millones de euros (38.890 millones de dólares).

"La banca española está asentada sobre un enorme ladrillo que no vale lo que aparece en el papel", dijo Javier Flores, de la Asociación Europea de Inversores Profesionales. "Hasta que no se defina cuál es el problema y se aborde directamente, seguiremos dando vueltas".

El selectivo Ibex-35 de la bolsa de Madrid rebotó más de un 3% a media sesión, aunque Bankia mantuvo los números rojos por cuarta jornada consecutiva y cedió un 1%.

El rendimiento de los bonos españoles a 10 años se relajaba con respecto al día anterior, aunque permanecía en un peligroso 5,95%. Una tasa de interés sostenida cercana al 7% se considera insostenible para financiarse.

El gobierno comunicó la nacionalización en la noche del miércoles tras varios días de rumores sobre la salud de Bankia, que ha reconocido una exposición de 32.000 millones de euros (41.390 millones de dólares) en activos tóxicos vinculados en su mayoría al colapso del sector inmobiliario en el país ibérico.

Bankia será la octava entidad que pasa a controlar el Estado desde que estallara la crisis en 2008 y, sin duda, la más importante hasta la fecha. Cuenta con 10 millones de clientes en España y activos por valor de 340.000 millones de euros (440.435 millones de dólares).

El Ministerio de Economía garantizó los ahorros a todos los depositantes y dijo que aportará el capital que sea "estrictamente necesario" para realizar los saneamientos precisos.

"La intervención del gobierno no basta", explicó el profesor Robert Tornabell de la escuela negocios ESADE. "Será necesario que se vendan participaciones industriales, oficinas y todos los activos que tengan mercado".

Desde el inicio de la crisis, el Estado ha inyectado 114.000 millones de euros (147.780 millones de dólares) en su sistema bancario a través de diversos mecanismos, justo en un momento de políticas de austeridad y enormes sacrificios para reducir el déficit.

Además del desempleo, que afecta ya al 24,4% de la población, otro de los grandes males de la crisis en España son las dudas generadas sobre la deuda que acumulan las entidades financieras y la falta de crédito y liquidez, que han lastrado el consumo y la economía en general.

El caso de Bankia ha vuelto a situar en el punto de mira a los bancos españoles, demasiado expuestos a créditos, hipotecas y activos tóxicos vinculados al pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Cuando en 2008 se produjo la quiebra de Lehman Brothers, Estados Unidos y medio Europa se vieron obligados a intervenir y nacionalizar algunos bancos por sus inversiones en las ya célebres hipotecas basura.

El sistema bancario español fue de los pocos que se vio a salvo entonces. Sin embargo, cuatro años después, y una prolongada recesión de por medio, los bancos encuentran dificultades para hacer frente a altas tasas de morosidad en sus créditos y una cartera de promociones y viviendas sin vender, cuyo valor se ha desplomado con respecto a los buenos años de la burbuja inmobiliaria.

Según el Banco de España, existen 323.000 millones de euros (424.410 millones de dólares) en préstamos ligados al sector inmobiliario o de la construcción, de los que 175.000 millones (230.000 millones de dólares) son problemáticos.

La primera reforma financiera, con el gobierno socialista en el poder, se encaminó a reducir el número de entidades, especialmente las cajas de ahorro.

Para ello se favorecieron sus fusiones con ayuda de dinero público en forma de préstamo a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. El número de cajas ha pasado de 42 a nueve.

En febrero, el gobierno del Partido Popular introdujo otra reforma que obligó a las entidades financieras a provisionar 50.000 millones de euros (66.000 millones de dólares) adicionales en un solo año para hacer frente a sus activos devaluados por la construcción.