Los militares salvadoreños acusados de la matanza de los jesuitas perpetrada en 1989 tendrán una "cárcel de 20.000 kilómetros cuadrados" porque, aunque no serán extraditados a España, no podrán salir de su país por haber órdenes de captura internacional en su contra.

Así lo señaló hoy el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar, quien lamentó que la matanza, cometida en este centro académico, siga en la impunidad por el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ayer denegó la extradición de 13 de los 20 militares sospechosos.

"Lo que sí queda como un éxito es que (los militares) tienen una cárcel mucho más grande que la de Mariona o la de Apanteos (presidios locales): tienen por cárcel 20.000 y pico de kilómetros cuadrados", que es la extensión de El Salvador, ironizó Cuéllar en una rueda de prensa.

"No nos damos por vencidos, es un éxito que no puedan salir del país", porque tienen órdenes de captura emitidas por el juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco a través de la Interpol, recordó.

Lizandro Quintanilla, abogado de los imputados, dijo que la CSJ "ha hecho justicia" al denegar la extradición solicitada, y reconoció que los trece militares no podrán salir de El Salvador porque pueden ser detenidos por la Interpol.

Los otros dos acusados cuya extradición ha solicitado la Justicia española viven en los Estados Unidos.

El fallo de la CSJ sólo es válido entre El Salvador y España, en virtud de su tratado bilateral de extradición, pero "no impide (...) que la Interpol mantenga vigentes esas órdenes internacionales de captura", declaró Quintanilla al Canal 33 de la televisión local.

"En un aeropuerto de cualquier país donde Interpol tenga competencias ellos pueden ser detenidos", admitió.

La CSJ denegó en dos ocasiones, el año pasado, la ejecución de esas órdenes de captura contra los militares salvadoreños, varios de los cuales se refugiaron temporalmente hace meses en una instalación castrense de San Salvador para evitar ser detenidos.

Cuéllar sostuvo que el fallo dictado este lunes por la CSJ demuestra que "el Estado salvadoreño fue y sigue siendo protector de criminales".

La CSJ denegó la solicitud de extradición de los trece militares a España con el voto favorable de nueve de sus quince miembros, confirmaron hoy fuentes de ese organismo a Efe, aunque no dieron detalles de la resolución.

En declaraciones publicadas hoy por la prensa local, un magistrado de la CSJ, Ulices Guzmán, dijo que, de los otros seis jueces, tres no participaron en la sesión y los otros no votaron.

Guzmán explicó que el fallo se basó en que cuando se perpetró la masacre, la Constitución salvadoreña impedía la extradición de nacionales y que las reformas que la permiten fueron posteriores.

Otro abogado de los militares, Eduardo Cardoza, aseguró hace unos meses a la prensa que la solicitud de extradición tramitada por España era "improcedente" e "ilegal".

Los trece militares cuya extradición denegó la CSJ son los generales Rafael Humberto Larios y Juan Rafael Bustillo; los coroneles Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán y Óscar Alberto León Linares.

Además, los tenientes José Ricardo Espinoza Guerra y el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos; los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Óscar Mariano Guzmán.

La matanza fue perpetrada el 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de militares salvadoreños asesinó en la UCA a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría (rector de ese centro), Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró; a los sacerdotes españoles Armando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López, así como a la empleada doméstica Elba Julia Ramos y a su hija Celina.

Los 20 militares salvadoreños fueron procesados en España bajo las acusaciones de asesinatos terroristas y de lesa humanidad o contra el derecho de gentes.

Velasco admitió en enero de 2009 la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), de Estados Unidos, para investigar a los militares salvadoreños.