El Tribunal Supremo español rebajó de diez a seis años y medio la condena impuesta a los dirigentes independentistas vascos Arnaldo Otegi y Rafa Díez Usabiaga por intentar reconstruir en 2009 Batasuna, formación ilegalizada en 2003 por su vinculación con la banda terrorista ETA.

Otegi, que fue el portavoz de Batasuna y uno de sus principales dirigentes, fue condenado por intentar reconstruir esa formación política después de que fuera ilegalizada.

El Tribunal Supremo estima al rebajar la condena que Díez Usabiaga, exdirigente del sindicato vasco LAB, y Otegi no pueden ser condenados como dirigentes de ETA.

La sentencia rebaja también a seis años de cárcel la pena impuesta a Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitza Rodríguez, de diversos grupos proindepentistas vascos, a quienes la Audiencia Nacional condenó a ocho años de prisión.

El alto tribunal español mantiene la condena a Otegi y Usabiaga como autores de un delito de pertenencia o integración en organización terrorista, aunque excluye "el grado de dirigentes", por el que también les condenó la Audiencia Nacional en 2011.

El Supremo considera que no se demostró su "poder de dirección" en ETA, sino únicamente un cometido de trasmisión de las directrices de la banda terrorista.

La condena les fue impuesta por sus intentos de reconstruir Batasuna en el año 2009, a través de otra formación denominada "Bateragune".

Arnaldo Otegi, de 54 años, fue portavoz de la ilegalizada Batasuna y es el líder más conocido y con mayor experiencia de la izquierda independentista vasca.

En la actualidad está encarcelado por diversas causas y en los últimos meses ha hecho desde la prisión distintas intervenciones en las que abogó por un proceso para el final de la violencia en el País Vasco.

El Tribunal Supremo no modificó la pena de diez años de inhabilitación a la que también fue condenado por la Audiencia Nacional, lo que implica que aunque salga de la cárcel en el año 2016 tras cumplir su condena, no podrá presentarse a unas elecciones hasta el año 2022.

ETA anunció el 20 de octubre de 2011 "el cese definitivo de su actividad armada", cinco décadas después de su creación, en las que asesinó a más de 850 personas en su carrera terrorista por la independencia del País Vasco.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró este lunes que su Ejecutivo no va a llegar a un compromiso con ETA y que no va a modificar la política penitenciaria en relación a los presos de la organización terrorista.

El jefe del Ejecutivo hizo estas precisiones después de que durante el pasado fin de semana se conociera que la denominada Comisión Internacional de Verificación ha transmitido una oferta de desarme de ETA a cambio de "contactos" y de una solución para sus presos, unos 550 en cárceles españolas.

La Comisión Internacional de Verificación se reunió la pasada semana en Bilbao, en el País Vasco, con las fuerzas políticas y sociales de esta comunidad autónoma del norte de España.

Al acabar las reuniones, hizo público un comunicado en el que aseguró que, mediante contactos directos con ETA, recibió un mensaje de la organización en el que comunica que está "preparada para dialogar sobre asuntos prácticos relevantes para consolidar el proceso" iniciado.