El Gobierno de Perú emitió hoy una autorización para que los mineros ilegales que oficialmente califica de "informales" puedan seguir extrayendo y comercializando oro durante dos años más, mientras se acogen a un proceso de formalización promovido por el Estado.

Un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano otorgó a la empresa estatal Activos Mineros "un encargo especial" para "fortalecer el proceso de modernización" de los mineros "informales".

La decisión fue tomada durante una reunión que mantuvieron el martes las autoridades del Gobierno con dirigentes de los mineros "informales" de las regiones Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Piura y La Libertad.

Grupos de mineros ilegales iniciaron el martes una huelga indefinida en el sur y norte del país para exigir al Gobierno que les permita seguir con sus actividades mientras se cumple el proceso de registro ordenado por el Estado.

El presidente de la Confederación de Mineros Artesanales, Hernán de la Cruz, afirmó que sus afiliados quieren formalizarse, pero se quejó de las pocas facilidades que ofrece el Estado.

Según la norma publicada hoy, Activos Mineros se encargará de implementar un programa temporal de formalización a través de la comercialización de oro para pequeños productores mineros y productores mineros artesanales.

La empresa también deberá establecer los precios referenciales de las operaciones de compra y venta y los estudios sobre almacenamiento, transporte y "trazabilidad" del oro.

El dispositivo entrará en vigor a partir de mañana y el Ministerio de Energía y Minas se encargará de emitir las disposiciones complementarias para establecer los mecanismos de certificación, capacitación y transferencia tecnológica.

El decreto supremo fue firmado por la vicepresidenta Marisol Espinoza, quien ocupa el despacho presidencial mientras el mandatario Ollanta Humala hace una visita oficial a Japón y Corea del Sur.

El Gobierno de Humala inició este año una agresiva campaña contra los mineros ilegales, fundamentalmente en la región selvática sureña de Madre de Dios, que ha sido seriamente afectada por estas actividades ilícitas.

Las autoridades han ofrecido facilidades para los mineros denominados informales, que trabajan sin permiso en zonas donde está permitida la minería, y los ilegales, que son acusados de causar graves daños ecológicos y son combatidos por las fuerzas de seguridad.