Un abogado que representa a un grupo de familiares de víctimas del tsunami que en 2010 arrasó parte del litoral chileno pidió hoy prisión preventiva en la audiencia de formalización que se sigue en contra de ocho personas por no alertar a la población del peligro que existía.

El letrado Raúl Meza hizo esta petición en la segunda jornada de la audiencia de formalización (imputación) por cuasidelito de homicidio de los ocho implicados, entre ellos dos exaltos cargos del Gobierno de Michelle Bachelet, que se celebra en el VII Juzgado de Garantía de Santiago.

Meza, que representa a las familias de la localidad costera Constitución, donde fallecieron o desaparecieron 42 de las 181 víctimas del tsunami, pidió prisión preventiva para los implicados y criticó a la Fiscalía y a los otros abogados querellantes por no apoyar su solicitud.

Entre los afectados están el exsubsecretario del Interior Patricio Rosende y la exdirectora de la Oficina Nacional de Emergencia Carmen Fernández, además de otros antiguos cargos de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y oficiales del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).

La fiscal Solange Huerta los acusa de no haber alertado a la población sobre el tsunami que se originó tras el terremoto de 8,8 grados ocurrido en la madrugada del 27 de febrero de 2010, en una tragedia en la que en total fallecieron 524 personas.

En su investigación, que desarrolló durante dos años, la fiscal resalta la descoordinación que, durante las horas posteriores al terremoto, se produjo entre la Onemi y el SHOA, que emitió una alerta de tsunami pero la retiró antes de que la Onemi la diera a conocer a la población.

A su salida del juzgado, el exsubsecretario Patricio Rosende criticó la investigación de la fiscal y consideró "contradictorio" que se formalice a personas de organismos técnicos por dar información errónea y al mismo tiempo se formalice a autoridades políticas por atenerse a esa información.

Este miércoles, en la tercera jornada de la audiencia, se escucharán los alegatos de las defensas, tras lo cual el juez, Daniel Urrutia, determinará si decreta prisión preventiva para los implicados, como solicitó Meza, o arraigo nacional y firma mensual, como pidieron la fiscal y el resto de letrados querellantes.