El Consejo de Ética del Senado brasileño decidió hoy iniciar un proceso con miras a la pérdida del mandato del parlamentario Demóstenes Torres, acusado de formar parte de una mafia del juego ilegal investigada por el propio Congreso.

La decisión fue tomada en forma unánime por los 15 miembros del Consejo de Ética, convencidos de que existen serios indicios que vinculan al senador Torres con el empresario Carlos Augusto Ramos, conocido como "Carlinhos Cachoeira" y supuesto jefe de una mafia del juego ilegal relacionada a influyentes políticos de todo el país.

Por las mismas sospechas que hoy llevaron a iniciar un proceso de destitución en su contra, Torres renunció en abril pasado al Partido Demócratas (DEM), formación de centroderecha en la que llegó a ser jefe del grupo parlamentario en el Senado.

Escuchas telefónicas hechas por la Policía en sus investigaciones en torno a las actividades de "Cachoeira", quien está detenido desde febrero pasado, han revelado la intimidad de Torres con el supuesto mafioso.

Varias de las grabaciones hechas por la Policía, autorizada para ello por la Justicia, han sido hechas públicas por medios locales y en algunas, consideradas las más comprometedoras, el senador Torres le llega a advertir a Ramos sobre operaciones que las autoridades preparaban para combatir el juego ilegal.

Las escuchas policiales también salpican a los gobernadores del Distrito Federal de Brasilia, Agnelo Queiroz, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), y del estado de Goias, Marconi Perillo, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Asimismo, afectan a la constructora Delta, una empresa que se ha adjudicado millonarios contratos en diversos estados de Brasil y, en especial, en Río de Janeiro, ciudad que será subsede del Mundial de fútbol de 2014 y acogerá los Juegos Olímpicos en 2016.

Con los directivos de la empresa Delta también mantiene estrechas relaciones el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, de quien ahora se sospecha que pueda estar implicado en una vasta red de corruptelas que, según la Policía, habría tejido "Cachoeira",

Por las dimensiones del caso, el Congreso ha creado una comisión especial bicameral para investigar los negocios de las empresas de "Cachoeira" e intentar esclarecer las denuncias que salpican a decenas de políticos, empresarios y autoridades policiales.

El supuesto mafioso ha contratado como abogado al exministro de Justicia Marcio Thomaz Bastos, uno de los juristas más respetados del país y quien ha actuado como defensor de numerosos políticos acusados de corrupción, sobre todo del gobernante PT.