La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas criticó el miércoles la decisión de la Corte Suprema de Justicia por denegar la solicitud de extradición presentada por España contra militares retirados, presuntamente implicados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989.

"Yo ya había adelantado que no les iban hacer nada, porque el Estado salvadoreño fue y sigue siendo protector de criminales", dijo Benjamín Cuéllar, el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad, donde los sacerdotes asesinados integraban la dirección del plantel.

"Aquí les cambian el color a las alertas (roja) de la Interpol para proteger a los criminales", señaló al recordar que en agosto de 2011 la Corte denegó el pedido del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España, que pidió la captura de los nueve militares.

Los sacerdotes jesuitas, cinco españoles y un salvadoreño, fueron ejecutados con tiros en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa donde vivían, dentro del campus universitario.

La matanza fue perpetrada en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 durante una ofensiva guerrillera. El gobierno salvadoreño intentó inicialmente culpar a los rebeldes de la matanza.

El magistrado de la Corte, Juan de Dios Guzmán, reveló el miércoles que la decisión fue tomada durante Corte Plena, con los votos de nueve de los 15 magistrados porque el asesinato de los jesuitas fue cometido antes de que en 2000 se reformara el artículo constitucional que no permitía la extradición de los salvadoreños en ningún caso.

En El Salvador no hay proceso contra los oficiales debido a que fueron beneficiados por una ley general de amnistía decretada en 1993 y que incluía a militares y guerrilleros que participaron en la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Cuéllar señaló que recientemente El Salvador solicitó la extradición de un ciudadano español por cometer un delito de estafa en el país "y no hay reciprocidad, porque El Salvador es un Estado que fue y está diseñado para proteger criminales con impunidad".

Explicó que la Universidad nunca firmó la querella que familiares de las víctimas presentaron en España, aunque explicó siempre la apoyaron, "para comprobar que (lo que se hizo en El Salvador) fue un juicio fraudulento".

"A nosotros lo que nos interesa es la denuncia que presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es contra personas, es contra el Estado (salvadoreño)".

Para Cuéllar, "esta resolución confirma que hay una decisión de los poderes reales de este país de protegerse, y hay un Estado secuestrado para proteger estos poderes", afirmó.

Cuéllar dijo que lo único bueno que queda, es que los militares no podrán salir del país, por el peligro de ser capturados, ya que la alerta roja internacional sigue vigente.

"Ahora tienen una cárcel mucho más grande, tiene una cárcel de 21.000 kilómetros cuadrados (la extensión territorial de El Salvador), ya no van a poder ir de compras a Miami, ni de vacaciones a Acapulco", afirmó.

Los 13 militares incluidos en la petición de extradición son el ex ministro de defensa Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Tomás Zarpate Castillo, Francisco Elena Fuente, Juan Orlando Zepeda, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Oscar Alberto León, Carlos Mauricio Guzmán, José Ricardo Espinoza, Gonzalo Guevara Cerritos y Oscar Mariano Guzmán.

España también habría pedido a Estados Unidos que entregue al ex viceministro de Seguridad, el coronel Inocente Orlando Montano, y a Héctor Ulises Cuenca Ocampo, un teniente de las fuerzas armadas que trabajó para la Dirección Nacional de Inteligencia de El Salvador.