El gobierno argentino sancionó el martes a la empresa de telefonía móvil Movistar, del Grupo Telefónica de España, a pagar un resarcimiento a sus usuarios por 41,57 millones de dólares y una multa de 1,3 millón de dólares al Estado por la caída generalizada de su servicio el 2 de abril.

La sanción constituye una medida ejemplificadora y preventiva, dijo el ministro de Planificación, Julio De Vido, al anunciarla en una conferencia de prensa.

"Son más de 6 millones de pesos (1,3 millón de dólares) que va a recaudar el Estado nacional por la multa, además del resarcimiento de 10 pesos por abonado tanto prepago como pospago... lo que llega a un valor aproximado de 185 millones de pesos (41,57 millones de dólares)", dijo el funcionario.

La acreditación de los 10 pesos (2,24 dólares) a cada uno de los 18,5 millones de usuarios damnificados se acreditará en la próxima facturación.

La caída del servicio el 2 de abril se produjo durante varias horas. La empresa alegó ante la justicia que fue víctima de un sabotaje, lo que fue desestimado por el ministro.

"El servicio no tiene la misma calidad que hace un año atrás", dijo De Vido al referirse a las comunicaciones móviles, que funcionan en un sistema desregulado y con tarifas de mercado. "Vamos a exigir a las prestadoras de telefonía fija que hagan las inversiones que hoy no están haciendo", agregó.

La semana pasada, el Congreso aprobó una ley de expropiación del 51% de las acciones que tenía la petrolera española Repsol en su controlada argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). La norma fue impulsada por la presidenta Cristina Fernández que alegó, entre otras razones, que la empresa no hizo las inversiones necesarias para cubrir la creciente demanda energética.

De Vido indicó que hay "casi 50 millones de usuarios de telefonía móvil" entre todas las compañías y remarcó que "todos los actores de la sociedad demandan seriedad y seguridad en la tecnología de comunicación".

El Grupo Telefónica está presente en Argentina desde principios de los 90, como producto de las primeras privatizaciones realizadas por el gobierno del entonces presidente Carlos Menem.