La Corte Suprema israelí recibió con frialdad la petición gubernamental de retrasar la demolición de un asentamiento ilegal en Cisjordania.

El Estado acordó demoler los cinco edificios para el primero de mayo tras reconocer que fueron levantados en tierras privadas palestinas. Sin embargo, postergó el plazo al pedir a la corte que lo vuelva a examinar.

El gobierno es presionado por los colonos que alegan que la obra es legal. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu se inclina por la posición de los colonos.

Los jueces se mostraron impacientes con el gobierno en la audiencia del domingo. El juez Uzi Fogelman dijo que "cuando el Estado se compromete a algo, ni siquiera se nos pasa por la cabeza que ese compromiso sea incumplido".

El tribunal no indicó cuándo fallará sobre el pedido gubernamental.