El fiscal general colombiano anticipó el domingo que la Fiscalía General dictará decenas de pedidos de detención de dirigentes políticos por su relación con el paramilitarismo y que habrá "pronunciamientos" sobre las relaciones de algunos políticos con la guerrilla.

En una entrevista publicada el domingo en el diario El Tiempo, el fiscal Eduardo Montealegre sostuvo que "al finalizar la próxima semana... la Fiscalía dictará más de 60 medidas de aseguramiento (pedidos de detención) contra dirigentes políticos por relaciones indebidas con el paramilitarismo".

Explicó que se trata de políticos regionales, como ex concejales y ex diputados regionales, pero no ofreció otros detalles. Por relaciones con el paramilitarismo la Corte Suprema ya ha investigado y condenado a congresistas nacionales.

Montealegre también adelantó que en junio la Fiscalía haría pronunciamientos sobre las relaciones de políticos con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "Si las hipótesis que trabajamos se llegan a confirmar, el país se estremecerá", advirtió.

La AP se comunicó con el fiscal para obtener mayores detalles pero las llamadas no fueron respondidas.

A su vez, Montealegre destacó que Colombia pasó de la criminalidad individual a la "macrocriminalidad" y que por eso la Fiscalía General debe sufrir un "revolcón" y modernizar sus técnicas de investigación para encarar los nuevos desafíos.

El país pasó "a la gran macrocriminalidad. Las graves violaciones a los derechos humanos se han producido por estructuras organizadas de poder que funcionan de manera distinta a la delincuencia individual y, por lo tanto, hay que rediseñar la Fiscalía para responder a esas nuevas formas de criminalidad".

"Vamos a dar un verdadero revolcón" a la Fiscalía, añadió el funcionario. "Voy a modernizar la escuela judicial, para enseñar sobre la investigación científica. El soporte de las investigaciones debe ser la prueba técnica; hay que llevar la tecnología a la investigación. Me propongo convertir la escuela judicial en un organismo de nivel universitario", dijo.

Con más de 11.000 fiscales y 9.000 investigadores y funcionarios de policía judicial en todo el país, de acuerdo con los datos de Montealegre, la Fiscalía General colombiana es vista como una de las más poderosas y claves instituciones del país debido a sus facultades para pedir la detención de altos funcionarios e investigar desde graves violaciones a los derechos humanos hasta corrupción.

Montealegre no indicó cuánto costaría esa capacitación pero sostuvo que desea buscar la cooperación internacional de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Noruega, con experiencia en la formación de técnicos judiciales e investigación de fenómenos como el desplazamiento forzoso.

"Vamos a contratar capacitadores de esos países para que vengan a preparar especialmente a la policía judicial. Tenemos que introducir la tecnología en la investigación penal, mientras no lo hagamos no podremos dar grandes saltos en la lucha contra la criminalidad", aseguró.

En el área de derechos humanos, aunque descartó una asesoría por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales, destacó que hay instituciones de análisis y con expertos jurídicos que pueden ayudar en la capacitación.

El conflicto armado colombiano "ha implicado violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos", dijo Montealegre. Sólo en la unidad que investiga los crímenes del paramilitarismo "las víctimas han denunciado más de 300.000 casos de graves violaciones a derechos humanos. Una de las tareas de la Fiscalía es trabajar con criterios prioritarios para superar la impunidad".