La Cámara de Diputados ratificó el lunes la creación de una ley para proteger a las víctimas del delito en México, independientemente de si son o no presuntos miembros de la delincuencia.

La ratificación de la ley se convirtió en uno de los principales reclamos de los grupos sociales en medio de la violencia de la delincuencia organizada que ha afectado diversas zonas del país y provocado miles de muertos en los últimos años.

La llamada Ley General de Víctimas, aprobada en la cámara baja por 369 votos a favor y cero en contra, considera la creación de un fondo de ayuda, el pago de una compensación de hasta cerca de un millón de pesos (unos 77.000 dólares) y establece un registro nacional.

Previamente avalada por el Senado, la ley fue enviada al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.

La ley describe a la víctima como la "persona que directa o indirectamente han sufrido el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito".

La norma también señala que las autoridades no deben criminalizar a las víctimas o responsabilizarla por su condición, por el contrario, está obligada a brindarle ayuda y asistencia. Igualmente, se debe ofrecer una disculpa pública a la víctima.

Además, las autoridades estarán obligadas a realizar una búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, incluidos lugares como cementerios y fosas.

La ley fue un reclamo por meses del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que reúne a familiares de víctimas del crimen organizado y ha sido encabezado por el poeta Javier Sicilia luego de que su hijo fue asesinado en marzo del 2011 presuntamente a manos de narcotraficantes.

"Se cumple hoy con un justo reclamo social", dijo el diputado Gastón Luken, del oficialista Partido Acción Nacional.

"Perdonen a este Estado por no haber protegido a sus seres amados. Llegará el día en que todas las deudas quedarán saldadas", dijo la diputada federal Teresa Guadalupe Reyes, del Partido del Trabajo.

Miembros del movimiento celebraron desde el recinto de la cámara baja la aprobación entre gritos de "¡Ni un muerto más!".

Sicilia comenzó a promover la ley al sostener que el Estado debe atender a todas las víctimas, sin importar si son miembros del crimen o no.

Sólo entre diciembre del 2006 y septiembre del 2011, la violencia atribuida al narcotráfico ha dejado en todo el país más de 47.500 asesinados, según estadísticas oficiales. El lunes, legisladores dijeron que había más de 70.000 muertos, aunque no precisaron de dónde procedía la cifra.

El movimiento de Sicilia tuvo a mediados del 2011 un encuentro inusual con el presidente Felipe Calderón, en el cual el poeta le exigió una disculpa al país por los miles de afectados por la violencia.

El mandatario dijo entonces que el gobierno debía disculparse por no haber actuado a tiempo, pero no por desplegar fuerzas federales para combatir a los carteles de las drogas.

Luego del encuentro, sin embargo, el presidente comenzó a modificar su discurso para resaltar la necesidad de atender a todas las víctimas. Antes, solía repetir que la mayoría de los fallecidos eran personas involucradas de alguna manera con el crimen.

El gobierno ya había creado en septiembre una procuraduría especial que se encargará exclusivamente a la atención de las víctimas de delito, aunque Sicilia ha dicho que el movimiento desea más una comisión de la verdad