Fiscales federales dijeron el viernes que no tienen pruebas suficientes para demandar a un agente de la Patrulla Fronteriza por la muerte a tiros de un mexicano de 15 años en 2010.

El Departamento de Justicia dijo en un comunicado que el agente no violó las normas de la patrulla ni el entrenamiento en materia del empleo de la fuerza.

Según las autoridades, el agente disparó contra Sergio Adrián Hernández Güereca en un operativo para detener a personas que cruzaban sin autorización el río Bravo, la frontera entre Estados Unidos y México, el 7 de junio de 2010. Algunos testigos dijeron que personas en la orilla mexicana del río lanzaban piedras a los agentes, que están autorizados a emplear la fuerza letal en esos casos.

El gobierno mexicano dijo en un comunicado que "lamenta profundamente y expresa su más enérgico rechazo a la decisión", y estudiaba sus próximos pasos.

A través de la cancillería, el gobierno del presidente Felipe Calderón informó que presentó el mismo viernes una nota diplomática de protesta a las autoridades de Estados Unidos "subrayando la gravedad de que este lamentable caso no vaya a ser llevado a juicio".

Añadió que buscará hacer uso de todos los instrumentos diplomáticos y jurídicos internacionales a su alcance.

El tiroteo se produjo en uno de los puentes fronterizos en El Paso, y fue grabado por un testigo con un teléfono celular.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también concluyó que no se podían presentar cargos federales por violación de derechos civiles, al decir que el "accidente, error, interpretación errónea, negligencia y mal juicio no fueron suficientes para establecer una violación penal federal de derechos civiles".

El departamento dijo que realizó una investigación exhaustiva, que incluye entrevistas con más de 25 testigos civiles y policiales.

"Esta revisión tuvo en cuenta la evidencia que indica que las acciones del agente constituyeron un uso razonable de la fuerza o que constituiría un acto de legítima defensa en respuesta a la amenaza creada por un grupo de contrabandistas que arrojaban piedras contra el agente y su detenido", dijo la declaración del departamento.

El año pasado, un juez en el oeste de Texas desestimó una demanda 25 millones dólares por homicidio culposo contra el gobierno estadounidense por la muerte a tiros. Sin embargo, el juez permitió que siguiera adelante un caso civil contra el agente.

El juez federal David Briones en El Paso desestimó la demanda debido a que el adolescente estaba en el lado mexicano del Río Bravo cuando le dispararon. La ley estadounidense otorga inmunidad del gobierno cuando tales reclamos surgen en un país extranjero, señaló Briones, y el "daño que los demandantes alegan ... se sintió en México".