Un enviado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para examinar el sistema carcelario de Honduras pronosticó que una tragedia como la que vivió el país hace tres meses y que dejó 361 reos muertos, se repetirá.

"Es previsible que algo grave pueda ocurrir en el futuro en las cárceles hondureñas dado que la situación no ha cambiado respecto a lo que existía hace tres meses" declaró el viernes en rueda de prensa el relator de las personas privadas de libertad de la Comisión, Rodrigo Gil Escobar.

Las conclusiones preliminares de una visita de trabajo son que "los centros penales hondureños se caracterizan por problemas estructurales" y "violaciones a los derechos humanos incompatibles con las obligaciones internacionales del estado" en un sistema penitenciario que calificó como "colapsado" y que "está poniendo en riesgo de manera permanente la integridad física de miles de personas", indicó el relator.

Gil Escobar señaló como los principales problemas de las cárceles hondureñas "la sobrepoblación, la falta de instalaciones para el alojamiento de los presos y las condiciones deplorables de higiene, seguridad, suministro de agua, alimentos y asistencia médica".

Según datos de la secretaria de seguridad, el sistema de prisiones de Honduras tiene capacidad para 8.000 internos y actualmente acoge a más de 13.000. Algunos penales, como el de Yoro y Lempira registran sobrepoblación de más del 200%.

Gil Escobar añadió que "falta un control judicial de la legalidad en todas las etapas de la privación de libertad, falta de separación por categorías de presos, incluidos hombres y mujeres y existe una gran mora judicial".

La relatoría visitó durante cuatro días los penales de Comayagua, en el que murieron en febrero 361 reclusos en un incendio, San Pedro Sula, en la que murieron 13 internos durante un motín en marzo y la penitenciaria Marco Aurelio Soto próxima a Tegucigalpa.

La misión también se reunión con el presidente Porfirio Lobo y representantes de los ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos, el director nacional de prisiones, diversas organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas del incendio en el penal de Comayagua.

El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, comentó el miércoles que las autoridades estudiarían el informe que presente la misión y responderán "en la medida de las responsabilidades del estado".

Aunque de antemano adujo que "Honduras es un país con pocos recursos y hemos pedido al Fondo Monetario Internacional que flexibilice los criterios para emisión de nueva deuda con la que intervenir en el problemas de las cárceles", pero por ahora no lo da por sentado.

Gil Escobar expresó que Honduras "carece de un verdadero sistema penitenciario" ya que "existen 24 centros penales con un sistema de custodia periférica policial al exterior de los mismos" pero "sin personal de guardia especializado".

Señaló que observa con especial preocupación "la entrega de la disciplina, las asignaciones de celdas y el control de la amplia economía informal al interior de los presidios a determinados reclusos que ejercen como coordinadores".

Puso como ejemplo el motín del 29 de marzo en San Pedro Sula en el que los internos "decapitaron, arrancaron el corazón y mutilaron los genitales" al interno que ejercía la coordinación.

"El estado debe erradicar de manera definitiva la autogestión de las cárceles por parte de los reclusos", manifestó.

Respecto a la Granja Penal de Comayagua, instó al Estado a que "se establezcan responsabilidades por acción y por omisión de las autoridades que tenían a su cargo el penal" ya que "es responsable de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad".

Pidió que el estado reubique a los internos en instalaciones adecuadas porque "albergar a los residentes en el mismo recinto en el que tantas personas han muerto contraviene la dignidad humana y los principios de una sociedad civilizada". Ante la inacción del gobierno hondureño en materia penitenciaria dijo que "si el estado no actúa adquieren competencia los organismos internacionales".

En aproximadamente tres semanas la comisión publicará la versión definitiva del informe de Gil Escobar.