Más de 100 campesinos fueron detenidos por la policía hondureña en la comunidad de Coowle, durante el desalojo de las fincas que habían tomado hace 10 días, se confirmó el jueves oficialmente.

Elvis Duarte, portavoz del Ministerio Público de la norteña ciudad de San Pedro Sula, dijo que el desalojo fue en cumplimiento de una orden emitida por el juzgado de esa ciudad, e indicó que las tierras pertenecen a la Compañía Azucarera de Honduras.

Marvin Morales, coordinador del Movimiento Campesino de San Manuel y de la toma de tierras explicó a la The Associated Press que los hechos ocurrieron a las 07.30 de la mañana.

"Vinieron los policías a corrernos de la finca, nos siguieron hasta un campamento que tenemos instalado en otro lugar y allí, una vez fuera de la finca apresaron a los compañeros", dijo Morales. Aclaró que no se utilizó violencia en la detención y que los campesinos no ofrecieron resistencia.

Añadió que entre los detenidos "hay al menos 4 menores de edad y varios ancianos que tienen una salud precaria".

Según Morales, la acusación que pesa contra ellos es por "usurpación" y "daños a la propiedad privada".

El desalojo y detención de 120 campesinos tienen lugar después de que el 18 de abril, varios miles de labriegos ocuparon de manera coordinada alrededor de 12.000 hectáreas en los cuatro puntos cardinales de Honduras, Cortés y Yoro al Norte, Santa Bárbara e Intibucá al oeste, Choluteca al sur y Comayagua y Francisco Morazán en el centro.

Rafael Alegría, coordinador de la organización internacional Vía Campesina y líder político de la iniciativa la ha calificado como el inicio de "un levantamiento campesino en Honduras" motivado "por el hambre y la exclusión política del 40% de la población rural que vive en la extrema pobreza". Rafael Alegría es estrecho colaborador del ex presidente Manuel Zelaya, actual coordinador del partido LIBRE.

Cesar Ham, ministro director del Instituto Nacional Agrario ha culpado a LIBRE de estar manipulando a los movimientos campesinos para favorecer sus intereses políticos.

Por su parte, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Aline Flores, afirmó que "ejercer la violencia e invadir la propiedad privada no es la solución de nada".

"Al ministerio Público no debe temblarle la mano a la hora de aplicar la ley", añadió.

Las organizaciones empresariales y la prensa local han coincidido en calificar al movimiento de ocupación de tierras como "anarquista" y "desestabilizador".

De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, 53% de la población hondureña vive en el medio rural y según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 72% de los hogares rurales hondureños son pobres.