Un sargento de la Patrulla de Caminos de la Florida se opuso a reabrir una autopista interestatal cubierta por neblina y humo, pero fue desautorizado por un oficial de mayor rango poco antes de una serie de choques en los que murieron 11 personas, dijeron investigadores del estado en un informe publicado el jueves.

El Departamento de Policía de Florida concluyó que los policías estatales cometieron errores, pero no encontró violaciones penales.

En la mañana del 29 de enero, el humo de incendios forestales mezclado con niebla cubrió seis carriles de la autopista interestatal 75 cerca de Gainesville, donde atraviesa el parque estatal Paynes Prairie, un área baja que carece de carteleras u otro tipo de iluminación.

El sargento de la Patrulla de Caminos Bruce Simmons quería mantener la carretera cerrada, pero el teniente John Gourley dio la orden de volver a abrirla porque la visibilidad había mejorado. A Gourley le preocupaba que mantener la autopista cerrada también fuera peligroso.

A 30 minutos de la reapertura de la autopista ocurrió el primero de los seis accidentes mortales independientes, que involucraron al menos una decena de autos y camionetas, seis tractocamiones y una casa rodante. Algunos vehículos se incendiaron, lo que dificultó identificar a las víctimas. Otras 18 personas terminaron en el hospital.

Simmons le dijo a un ayudante del alguacil, en una conversación grabada en el equipo de video instalado en su patrulla, que se opuso a reabrir la autopista, pero no le hicieron caso.

"Esto no habría ocurrido si él hubiera escuchado", señaló Simmons.

Gourley dijo a los investigadores que no estaba al tanto de ninguna política o procedimiento específico y que nunca recibió ningún entrenamiento formal sobre abrir o cerrar caminos.

El teniente no respondió de inmediato a un mensaje telefónico dejado el jueves en la oficina de la Patrulla de Caminos de Gainesville en busca de comentarios.

El informe culpó a la Patrulla de Caminos por no crear pautas eficaces para este tipo de situaciones y dijo que los policías estatales no compartieron de manera adecuada información crítica justo antes de que ocurrieran los accidentes. Nunca consultaron a especialistas técnicos del Servicio Forestal ni al Servicio Nacional de Meteorología.