El Senado de Argentina dio media sanción el jueves al proyecto de ley para la expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos de la petrolera española Repsol impulsado por el gobierno de Cristina Fernández en medio de un respaldo mayoritario de la población y amenazas de represalias lanzadas desde la Unión Europea.

La iniciativa que promueve la nacionalización de la principal petrolera de Argentina, privatizada en la década de los 90, fue aprobada con 63 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones luego de casi 14 horas de sesión.

Desde el oficialismo confían que lograrán su aprobación definitiva la próxima semana en la Cámara de Diputados tomando los votos de los propios legisladores y los de partidos opositores que ya han adelantado su apoyo al proyecto.

En su artículo más relevante, el proyecto declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A., sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta".

Repsol posee actualmente el 57,43% de las acciones de YPF, el argentino Grupo Petersen tiene 25,46%, el Estado 0,02% y el resto se distribuye entre inversionistas privados.

Según el proyecto de ley, del 51% de las acciones sujetas a expropiación, 51% pasará a estar bajo control del Estado nacional y 49% se distribuirá entre las provincias productoras de petróleo. Repsol quedará con un minoritario 6,43%.

Para justificar la expropiación, el gobierno ha sostenido por un lado la necesidad de lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos a fin de sostener el crecimiento económico y también acusó a Repsol de no invertir lo suficiente y haber girado excesivos dividendos al exterior, lo cual es negado por la compañía.

La expropiación de YPF fue respaldada por el 62% de los argentinos, según una encuesta de la consultora Poliarquía publicada el domingo por el diario La Nación, de línea editorial crítica con el gobierno.

Al mismo tiempo la decisión de Argentina fue duramente cuestionada por España y sus aliados en la Unión Europea.

Ese bloque evalúa suprimir las ventajas arancelarias a determinados productos argentinos que entran en el mercado comunitario y que no expiraban hasta 2014. También se pretende marginar a Argentina de la negociación de un acuerdo comercial con el bloque del Mercosur.

Hasta el momento la única represalia concreta adoptada por España fue cancelar la importación de biodiésel producido en Argentina, que perderá por ello un ingreso de 800 millones de dólares.

Al abrir el debate el oficialista Marcelo Fuentes señaló que la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) garantizará "el abastecimiento del crudo como recurso estratégico" y remarcó que "es necesario tener el control del drenaje de nuestras divisas".

"Algo van a tener que revisar los españoles, su capitalismo ha sido altamente depredador...han sido poco gratos", apuntó el jefe del bloque oficialista Miguel Pichetto.

En el Senado el partido gobernante contó con el apoyo de bloques opositores para lograr la media sanción del proyecto, entre ellos la Unión Cívica Radical (UCR) --principal fuerza de la oposición en el Parlamento-- y de los socialistas, que igualmente plantearon disidencias con algunos artículos.

Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical, dijo que votará a favor de la expropiación pero que pedirá mayores controles en la empresa. Agregó que hubo "connivencia del gobierno en el vaciamiento de YPF" y responsabilizó al Ejecutivo de la crisis energética en el país.

Morales dijo que "el Estado tiene el derecho soberano de expropiar y creo que hay razones para hacerlo" pero "hay que hacerlo por otro camino".

"Si tenemos que aprobar una expropiación con la mayoría es porque venimos de un tiempo muy negro con la privatización hecha en 1992 que fue dramática, en la época neoliberal", justificó su voto a favor el senador socialista Rubén Giustiniani.

La petrolera española dijo en un aviso publicado el miércoles por la prensa argentina que "es falso" que YPF "haya reducido su producción de petróleo y gas más que el resto de las compañías" ya que "cinco de las nueve principales operadoras, productoras de petróleo, redujeron su producción entre el 14 y 30%, frente al 12% de YPF".

También afirmó que "tres de los nueve principales operadoras, productoras de gas, redujeron su producción entre el 50 y el 69%, frente al 23 de YPF".

Mientras Repsol sostiene que invirtió más de 20.000 millones de dólares entre 1999 y 2011 en YPF, el Ministerio de Planificación, cuyo titular Julio De Vido fue nombrado interventor en la empresa, señaló el miércoles que esa cifra "no representa las nuevas inversiones genuinas".

"Cuando a ese monto se le resta lo necesario para reponer el desgaste de los bienes y los bienes dados de baja, la suma invertida en esos 13 años desciende a sólo 3.669 millones de dólares", agregó en un comunicado.

Añadió que esa inversión fue "insuficiente" y que "entre 1999 y 2011, las reservas de petróleo de YPF se redujeron en un 40,5% y las de gas en un 47,1%, mientras la producción de petróleo caía un 38,3% y la de gas un 25,4%".

El proyecto oficial estipula que el precio de los bienes de Repsol sujetos a expropiación será determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. La petrolera española ha fijado en 10.500 millones de dólares el precio del 51% de sus acciones en YPF, aunque el gobierno argentino ha dejado entrever que no pagará esa suma.

____

La periodista Almudena Calatrava en Buenos Aires contribuyó con este reporte.