El órgano anticorrupción del gobierno de México anunció el miércoles que inició la verificación de los permisos otorgados en el ámbito federal a Wal-Mart, luego de reportes de que la cadena de tiendas encubrió una investigación interna sobre supuestos sobornos pagados por su subsidiaria en el país a funcionarios locales.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó en un comunicado que también solicitará al gobierno de Estados Unidos cualquier información que tenga sobre el caso, la cual pueda serle útil en su investigación.

"Se inició la verificación de los permisos o trámites en el ámbito federal, que fueron realizados por esta empresa para la apertura y operación de sus tiendas en nuestro país", informó la SFP, el órgano federal encargado de indagar prácticas de corrupción.

Aseguró que tomará las medidas apropiadas en caso de detectar que funcionarios federales incurrieron en conductas irregulares.

El gobierno federal había dicho inicialmente esta semana que el otorgamiento de los permisos era competencia de autoridades locales.

La Secretaría señaló que la investigación se circunscribe a permisos federales, pero que si en el curso de investigación surge evidencia de posibles irregularidades de servidores públicos locales, se notificará a las autoridades correspondientes.

En muchos casos, el tema del uso de tierra y los permisos de construcción son manejados por gobiernos municipales en México, a menos que se necesita una declaratoria sobre el impacto ambiental que generarían o que una obra sea planeada en áreas protegidas.

El diario The New York Times divulgó el fin de semana que Wal-Mart no notificó a las autoridades cuando sus auditores internos hallaron evidencia de que sus directivos habían autorizado el pago de millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos a cambio de acelerar los permisos de construcción y de otro tipo, lo cual ayudó a la fuerte expansión de la compañía en México.

Tras la revelación, la compañía creó un nuevo puesto ejecutivo internacional de combate a la corrupción, el cual será responsable de que la empresa cumpla internacionalmente con la ley estadounidense que prohibe que las empresas de Estados Unidos cometan actos de corrupción en el extranjero.

El diario señaló que al menos 8,5 millones de dólares fueron presuntamente pagados a intermediarios en la primera mitad de la década del 2000.