La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el miércoles una controversial reforma del Código Forestal, la ley que regula la protección de los bosques del país, que desató un áspero enfrentamiento entre agricultores y ambientalistas.

Los legisladores acogieron con 247 votos a favor, 184 en contra y dos abstenciones la reforma de una ley de 1965 que establece las áreas mínimas de protección de bosques en los diferentes ecosistemas del país, con base en un texto elaborado por Paulo Piau, un diputado defensor de los agricultores.

Su propuesta había generado polémica al eliminar una norma que había sido aprobada por el Senado que establecía áreas de protección permanente en las orillas de ríos, considerada crucial para la preservación de las reservas fluviales del país, y dejó la definición de esas zonas de preservación forestal en manos de cada uno de los 27 estados.

Sin embargo, Piau reintrodujo una disposición que llama a recuperar hasta 15 metros de bosques en las márgenes de los ríos pequeños, considerado insuficiente por ambientalistas porque deja por fuera la definición de la protección de ríos mayores.

"Eso que fue aprobado no recupera nada, es absolutamente insuficiente", comentó a The Associated Press el abogado ambientalista Raul do Valle, del Instituto Socioambiental.

Recordó que la norma aprobada en diciembre por el Senado establecía protección de 30 a 500 metros en las márgenes de los ríos, variable según el ancho del afluente. En las áreas ya deforestadas, establecía la obligatoriedad de recuperar entre 15 y 100 metros, con incentivos para quien cumple y sanciones para quien desacata esa norma.

Do Valle consideró que la versión aprobada establece un precedente negativo porque envía la señal de que se puede incurrir en crímenes ambientales con impunidad.

"Esa votación es un retroceso muy grande, lo que Brasil construyó durante décadas, una legislación que protege sus bosque, está siendo anulada", reclamó el abogado. "La nueva ley no penaliza a los que deforestaron ni obliga a recuperar las áreas deforestadas".

Su postura fue rechazada por el diputado Piau, quien sostuvo que Brasil posee seis ecosistemas diferentes, por lo que no se puede aplicar una única medida de protección de áreas fluviales.

Recordó que el Código Forestal de 1965 fijaba cinco metros como área mínima de protección de bosques en orillas de ríos y que fue en 1986 que subió a 30 metros y en 1989 se aumentó a un área de 15 a 500 metros de protección, variable según el ancho del río.

"Intentamos construir un texto que no expulsara a ningún productor ni ningún trabajador del campo brasileño. Hacer una ley para expulsar un solo hombre del campo no sería una ley buena ni justa", sostuvo Piau.

En el mismo sentido, la senadora Katia Abreu, presidenta de la Confederación Nacional de Agricultura, conmemoró la votación y sostuvo que la ley es fundamental par que Brasil continúe entre los mayores productores mundiales de alimentos. Señaló que el país tiene 61% de su territorio bajo alguna forma de protección y 27,7% se dedica a la agricultura.

En un comunicado enviado desde China, donde se encontraba en viaje de trabajo, Abreu señaló que la ley aprobada no contiene ningún artículo que admita el aumento de la tala ni concede amnistía para quien deforestó ilegalmente.

Los defensores del sector productivo destacan que el agronegocio representa 37% de los empleos del país, 27% del producto interno bruto y 37% de las exportaciones brasileñas.

El Partido de los Trabajadores de la presidenta Dilma Rousseff se pronunció contrario a la propuesta de Piau e incluso intentó obstaculizar su votación.

Rousseff no se ha pronunciado sobre el proyecto pero legisladores de su partido han dicho que ella vetaría aquellas disposiciones del código que considera favorables a quien infringió las leyes ambientales.

"Presidenta Dilma: tenga coraje y vete los dispositivos que conceden amnistía a la deforestación ilegal", exclamó el diputado Ivan Valente, del Partido Socialista y Libertad.

En otros componentes del Código Forestal se definen reservas legales de bosque en los diferentes ecosistemas, que llegan a 80% de área protegida en propiedades privadas de la Amazonia mientras que en otras regiones van de 35% a 20%.