Las versiones de que la gigante minorista estadounidense Wal-Mart recurrió a sobornos para agilizar usos de suelo y otros permisos, dentro de su vertiginosa expansión en México, han suscitado la reflexión interna en un país, donde las atestadas oficinas gubernamentales son el teatro de operaciones de unos personajes oscuros llamados "gestores".

El candidato presidencial y favorito en las encuestas, Enrique Peña Nieto, dijo el lunes a The Associated Press en entrevista que "verdaderamente hay una situación crítica en el país".

Señaló que considera necesario el funcionamiento de una comisión gubernamental independiente anticorrupción para erradicar los sobornos y prebendas que, a decir de muchos, son una práctica común y hasta sencilla, como pagar un recibo de energía eléctrica.

"Creo que es un mal endémico, es un mal que a ningún lugar nos lleva", apuntó Peña Nieto.

De acuerdo con un artículo que difundió el New York Times, ejecutivos de Wal-Mart se valieron de intermediarios a mediados de la década de 2000 para facilitar la expansión de la subsidiaria en México, que se convirtió en la cadena de tiendas más grande que tiene en el extranjero.

Está pendiente de verificación si los al menos 8,5 millones de dólares que presuntamente pagó a gestores terminaron como sobornos para funcionarios locales. El Times también dijo que 16 millones de dólares adicionales fueron directamente a funcionarios.

Wal-Mart Stores Inc. señaló que ha emprendido su propia investigación en tanto que dos legisladores estadounidenses anunciaron el inicio de una pesquisa.

El gobierno federal mexicano anunció el lunes en la noche que no tenía jurisdicción en el caso debido a que la versión noticiosa implicaba a funcionarios estatales y de las ciudades.

Para muchos mexicanos no es una sorpresa que las aseveraciones sean ciertas.

Cualquiera que visite una oficina gubernamental posiblemente advertirá la presencia de un individuo que llega vestido de traje, cargado de documentos, y que no hará fila. Esa persona saluda de mano al empleado atrás del mostrador y es atendido tras bastidores para que sus asuntos reciban atención rápida.

Las personas sospechan que estos intermediarios pasan a funcionarios corruptos una parte de las comisiones que cobran a sus clientes para facilitar la emisión de permisos, autorizaciones y otros sellos de gobierno.

En un país donde las leyes de uso de suelo, las normas y permisos de construcción carecen de rigurosidad, un gestor puede representar la diferencia entre la rápida apertura de una tienda o una demora que se prolongue meses.

"Creo que nadie se salva" de que le exijan sobornos, dijo el experto Max Morales, quien asesora en la Ciudad de México a empresas en diversos aspectos, desde proyectos de construcción a a seguridad contra secuestros. Incluso las grandes empresas estadounidenses son sujetas de extorsión o afrontan la clausura, agregó.