La Fiscalía solicitó el martes una pena de 50 años de prisión para los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone en el juicio oral como ejecutores de un plan de robo de bebés nacidos de mujeres cautivas durante la última dictadura militar en Argentina.

En el cierre de su extenso alegato, el fiscal Martín Niklison pidió al Tribunal Oral Federal 6 de esta capital la mayor condena prevista por la legislación contra ambos acusados en un proceso que comenzó a fines de febrero de 2010 por el robo de 34 bebés durante el régimen de facto (1976-1983).

El mismo castigo fue reclamado para los ex marinos Jorge Acosta, Antonio Vañek y Rubén Franco.

El robo de bebés de madres prisioneras es considerado un delito de lesa humanidad que no tiene antecedentes en otras dictaduras del mundo.

"No tengo dudas de que en este juicio se ha podido demostrar la responsabilidad de Videla en tan aberrantes hechos", afirmó Nikilson durante el alegato. "Si hubo centros clandestinos (de detención) fue su voluntad; si hubo torturas, fue su voluntad y si hubo apropiación de menores, fue su voluntad", agregó fiscal sobre el gobernante de facto entre 1976 y 1981.

En el caso de Bignone y Franco, integrantes de las dos últimas Juntas Militares que gobernaron el país antes del retorno de la democracia, se los considera responsables de la destrucción de documentos comprometedores para los apropiadores de menores.

Organismos de derechos humanos denunciaron la desaparición de 30.000 personas durante el régimen de facto --los registros oficiales sólo dan cuenta de 13.000 casos--, entre ellas muchas embarazadas que dieron a luz en cautiverio. En general los bebés eran entregados a militares, quienes los inscribían con sus apellidos. Según Abuelas, unos 500 niños nacieron en cautiverio o fueron secuestrados con sus padres, de los cuales la organización humanitaria ha restituido la identidad a 106.

Nikilson describió el método utilizado por los militares en distintos centros clandestinos de detención. Dijo que en ellos se montaban maternidades clandestinas donde las madres eran recluidas hasta el término de su embarazo y obligadas a dar a luz.

Luego del alumbramiento, "el destino de los recién nacidos y de sus madres estaba sellado: los niños eran apropiados por fuerzas de la represión o familias allegadas, y sus madres, en cambio, integrarían la lista de desaparecidos".

En una reciente entrevista, Videla negó la existencia de un plan sistemático aunque admitió que muchos de los bebés nacidos en los centros de torturas fueron adoptados ilegalmente por militares u allegados.

Los abogados de las víctimas y de las Abuelas pidieron la misma condena contra Videla que Niklison.

Respecto al resto de los acusados, entre ellos ex militares y un médico que asistía a las parturientas, penas de entre 14 y 30 años de prisión.

A partir del 7 de mayo comenzarán los alegatos de las defensas. Todavía no fue fijada la fecha de la sentencia.