El presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH), Diego García, aseguró el lunes que se adoptará una decisión acerca de la masacre salvadoreña de El Mozote en el curso de este año.

García formuló el anuncio al finalizar el primer día del 45to período extraordinario de sesiones de ese organismo en el puerto ecuatoriano de Guayaquil.

El funcionario declaró que la Corte va a "adoptar su decisión en el curso de este año", luego de que el 23 de mayo las partes presenten los alegatos escritos.

Durante la jornada se presentaron las declaraciones de tres testigos, dos peritos y los alegatos verbales de los demandantes y de los representantes de El Salvador, estado demandado por a muerte de casi un millar de personas hace más de 30 años.

El 11, 12 y 13 de diciembre de 1981, militares salvadoreños del batallón Atlacatl en el marco de la lucha antiguerrillera torturaron, violaron y asesinaron a cientos de pobladores de varias comunidades del departamento de Morazán: El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando y Jocote Amarillo, entre otras.

Cientos de sobrevivientes tuvieron que huir dejando atrás sus propiedades y bienes, e incluso los restos de sus familiares asesinados. Tales hechos, conocidos como Masacre de El Mozote, quedaron en la impunidad y sistemáticamente fueron negados ocultados y negados por el estado y el sistema judicial de ese país, por lo que fue presentado a la Corte IDH en marzo del 2011.

Una de las víctimas, María Margarita Chicas, declaró ante el Tribunal que los militares "nos llevaron a la iglesia y metieron a las mujeres y los niños, y a los hombres los dejaron afuera y les preguntaban como querían morir: sentados o acostados, no contestaron nada y los mataron".

"Me quedé sola y a los 9 días me salí de ahí con mis dos hijos porque estaba feo y no se podía vivir ... llevamos solo la ropa que llevábamos", añadió.

Ante esa Corte, el representante del estado de El Salvador, David Morales, expresó que el presidente salvadoreño Mauricio Funes "el pasado 16 de enero realizó un reconocimiento amplio de la responsabilidad del estado salvadoreño en la comisión de los hechos denunciados, al admitir lo sucedido pidió perdón a los familiares de las víctimas".

"El estado está dispuesto a cualquier posible solución amistosa" y a atender las peticiones de los afectados como crear un plan de atención y desarrollo integral para las víctimas y cumplirlas en cuanto sea posible, agregó.

El perito Salvador Menéndez, dijo que es necesario eliminar la ley de gracia concedida a los victimarios en 1993, porque obstaculiza la ejecución de una verdadera justicia.

La también perita, María Yáñez, dijo al tribunal que "la principal aspiración de las víctimas es su deseo de justicia ... ellos dicen que no queremos venganza, no tenemos odio, solo queremos justicia, mi recomendación es que haya justicia para que esas comunidades puedan empezar a reconstruir su tejido social".

La Corte también tiene previsto tratar casos relativos a demandas a los estados de Guatemala y Argentina durante las sesiones que se reanudan el miércoles y concluyen el viernes.

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Gonzalo Solano en Twitter como @GESolano