Hace menos de una década, Argentina exportaba petróleo y gas natural. Ahora el gobierno gasta miles de millones de dólares para importar hidrocarburos y distribuirlos a precios subvencionados.

Este giro es la razón por la que Argentina, que se ganó el vilipendio de la comunidad financiera global luego de declarar un impago de deuda, está dispuesta a arriesgarse al aislamiento internacional al arrebatar de manos españolas el control de su principal compañía petrolera, de acuerdo con analistas.

La presidenta Cristina Fernández causó la indignación del gobierno de España, el inversionista extranjero más grande en Argentina y el aplauso de muchos argentinos al decretar la expropiación de la mayoría accionaria de Repsol YPF SA en la otrora compañía estatal YPF.

Apenas hace dos meses, Repsol YPF había elevado sus cálculos para las reservas de gas y petróleo de esquisto que había hallado en Argentina hasta casi 23.000 millones de barriles, suficientes para duplicar la producción del país en una década, pero la compañía española dijo que costaría 25.000 millones de dólares al año explotar esas reservas y advirtió que Argentina necesitaría reformar su política energética para atraer la inversión necesaria.

En lugar de ello, Fernández tomó el control de la compañía, dándole a su gobierno acceso a miles de millones de dólares en efectivo, suficiente energía para cubrir la demanda nacional en el corto plazo y, potencialmente, resolver las tribulaciones económicas de Argentina en el futuro.

La mandataria acusa a Repsol de desangrar a YPF desde que asumió su control en la década de 1990 al no invertir lo suficiente en sus yacimientos y de no cubrir las necesidades de la creciente economía argentina, aun cuando pagaba enormes dividendos a sus accionistas.

La empresa acusa a Argentina de mermar la producción con sus subvenciones, límite de precios e impuestos a la exportación.

Ambos tienen parcialmente razón, según Eduardo Fernández, consultor independiente y ex director de Combustibles de la Secretaría de Energía argentina.

El problema fue un gobierno que aprobó la práctica de permitir que Repsol usara las utilidades para pagar dividendos a los inversionistas en lugar de invertir ese dinero en el futuro de la compañía.

"Con eso lo que lograron es que no hubo reinversión de utilidades y a la vez no se hizo mucha exploración. Por eso las reservas fueron mermando. Como había poca inversión, tampoco había reparación de pozos y la productividad fue cayendo", dijo Fernández.

La producción argentina de crudo cayó un 22% de 2000 a 2010, pese a que la demanda creció un 40%, según el Instituto Argentino de Petróleo y Gas y datos del Ministerio de Energía recopilados por el ex secretario del organismo Emilio Apud.

La producción argentina ha caído a un nivel tan bajo que el gobierno gasta ahora miles de millones de dólares al año en importar combustibles caros que distribuye con pérdidas a empresas y consumidores.

La energía barata ayudó a los argentinos a recuperarse luego de que un impago de deuda y una devaluación en 2002 dejaron la economía en ruinas. Tiene poco sentido en la actualidad, luego de casi una década de crecimiento, pero permitir que los precios de la energía suban rápido podría generar una espiral en la ya elevada inflación y provocar descontento popular en un país donde las protestas populares han echado a otros mandatarios.

Las subvenciones oficiales subieron en 2010 un 63% a 5.600 millones de dólares, según el ex secretario de Energía Alieto Guadagni. Ese año, el petróleo se vendía a 80 dólares por barril. Con el precio actual de 100 dólares, el subsidio de este año alcanzaría casi 10.000 millones de dólares, aun cuando la economía se ha enfriado por la menor demanda de China y Brasil.

Cristina Fernández culpó a Repsol de no haber invertido lo suficiente, por lo que existía un déficit energético de 3.000 millones de dólares cuando anunció la expropiación.

"Pero lo más grave, nos tornaríamos en un país inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos", insistió la mandataria.

El nuestro "es un modelo de recuperación de la soberanía", agregó, enfatizando que la compañía no será propiedad del Estado, sino una entidad mixta, capaz de atraer nuevos accionistas privados.

Empero, el lugar de elevar los precios de los hidrocarburos, ahora cinco veces más baratos que los de Brasil y Uruguay, la mandataria insiste que las empresas energéticas deben servir primero a la Argentina, incluso si ello implica vender con pérdidas la energía que producen.

Antes de la nacionalización, cuando la posibilidad de obtener utilidades a corto plazo disminuía en Argentina, Repsol YPF buscó proteger a sus accionistas diversificando y haciendo inversiones en otros países de Latinoamérica.

Otras compañías hicieron lo mismo. Con el crudo limitado en el mercado argentino a 55 dólares por barril mientras en el mercado abierto es cotizado a más de 100 dólares, fueron tras el dinero, reconoció Eduardo Fernández.

"No había interés en invertir en Argentina cuando en otros países pagaban el precio completo. Por ello Repsol fue a Brasil, Trinidad y Tobago, Bolivia. Todo esto demuestra la desinversión", agregó.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, dijo que la empresa invirtió miles de millones de dólares en Argentina y trató de evitar la expropiación con promesas de mayor inversión. Pero para entonces, los argentinos ya estaban determinados a recuperar el control de YPF. Lo único que Brufau pudo hacer fue pedir 10.500 millones de dólares por los bienes expropiados, que dijo era el precio de mercado de las acciones expropiadas por Argentina.

El viceministro de Economía Axel Kicillof acusó a Repsol de ocultar el valor de su filial argentina y advirtió que tras examinar los libros de contabilidad, confiscados en un allanamiento de las oficinas en Buenos Aires de la empresa, será decidido si eventualmente el gobierno paga compensación alguna.

"Los tarados son los que piensan que el Estado debe ser estúpido y cumplir" lo que dice la empresa, insistió Kicillof.

Argentina, la tercera economía latinoamericana, no tiene acceso al crédito internacional desde que declaró el impago de su deuda externa, pero se las ha arreglado con los dólares que obtiene por impuestos sobre granos, con la nacionalización de fondos privados de pensión y de la aerolínea insignia, además de hacer uso de las reservas del banco central.

Al renacionalizar YPF — y no pagar a Repsol sino hasta que las cortes internacionales resuelvan el caso dentro de unos años, si acaso_, Argentina puede reinvertir las utilidades para desarrollar nuevos yacimientos y usar el combustible que Repsol exportaba para evitar que los consumidores reciban un fuerte golpe a sus bolsillos al eliminar los subsidios.

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Los periodistas de The Associated Press Almudena Calatrava y Michael Warren en Buenos Aires contribuyeron a este despacho.