El Parlamento Europeo condenó el viernes la decisión argentina de nacionalizar y expropiar Yacimientos Petrolíferos Fiscales, controlada por la española Repsol, y exigió que la Unión Europea adopte medidas punitivas contra Buenos Aires en la Organización Mundial de Comercio.

Agregó que la UE debe considerar "una posible suspensión parcial de las preferencias arancelarias unilaterales" para castigar al país sudamericano.

Con el apoyo abrumador en una votación no vinculante efectuada el viernes, la legislatura mostró su desagrado a la decisión de Buenos Aire de volver a nacionalizar YPF.

Argentina justifica la expropiación para controlar mejor su suministro de crudo y acusó a Repsol de no invertir lo suficiente en el país.

La resolución, respaldada por los principales partidos en la legislatura basada en Estrasburgo, pidió a la Comisión Europea que trate el tema en la OMC y el G20, además de analizar las medidas que brinden mayor protección a los intereses de la UE en el futuro.

El Grupo de los 20 países más industrializados efectuará una reunión cimera en junio, con la posibilidad de un encuentro directo entre la presidenta argentina Cristina Fernández y el presidente del gobierno español Mariano Rajoy.

Repsol y el gobierno español tildaron de "expolio" la confiscación y un ataque a sus intereses.

La moción fue aprobada en más de una votación y obtuvo amplia mayoría desde su presentación por los tres grupos principales de la legislatura — los demócrata cristianos, los socialistas y los liberales.

Otras instituciones europeas condenaron igualmente la medida unilateral.

Mientras tanto, las acciones de Repsol volvieron a desplomarse el viernes, cayendo un 1% respecto al cierre del jueves, de 14,52 euros. A principios de semana, bajaron entre un 4% y un 6% cada día desde que Argentina formulara el lunes el anuncio de confiscar el 51% propiedad de Repsol en YPF.

En la resolución, el Parlamento Europeo se quejó que Repsol "ha sido objeto del amedrentamiento público" en Argentina, lo que causó el desplome de sus acciones.

Consideró la nacionalización "un ataque al ejercicio de la libre empresa y el principio de certidumbre legal", lo que daña el clima para invertir en Argentina.

España es la primera inversionista de Argentina, por delante de Estados Unidos, con un total superior a los 23.000 millones de dólares en el 2010, el 26,3% del total invertido en el país por el capital extranjero, frente al 16,8% de Estados Unidos, según el banco central argentino.