Dirigentes universitarios y secundarios de Chile anunciaron el jueves la reanudación de las movilizaciones que en 2011 acosaron al gobierno del presidente Sebastián Piñera.

La advertencia de los estudiantes complica más aun el escenario de efervescencia social que se vive en algunos puntos del país. Siguiendo el ejemplo de las protestas estudiantiles del año pasado, diversos sectores sociales y gremiales se están atreviendo a protestar masivamente.

"El lucro y el endeudamiento siguen haciendo de las suyas", afirmó Noam Titelman, presidente de los estudiantes de la Universidad Católica, en una rueda de prensa en la que fue acompañado por el líder de la Universidad de Chile, Gabriel Boric, un vocero de los alumnos secundarios y una representante del gremio de los profesores.

Los estudiantes protagonizaron en 2011 masivas protestas durante siete meses en demanda de cambios estructurales en el sistema educativo chileno y obtuvieron promesas y algunos proyectos de ley que se discuten en el Congreso.

"Es hora de hacer reformas profundas y no solamente cambios cosméticos", añadió Titelman.

Los jóvenes exigen una educación gratuita y de calidad, el fin al lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado y el retorno de la administración de los colegios desde las municipalidades al Ministerio de Educación.

Decenas de adolescentes secundarios fueron expulsados de sus escuelas y aunque varios lograron ser rematriculados por orden judicial, el alcalde de la elegante comuna de Providencia, el coronel jubilado Cristián Labbé --ex ministro del fallecido dictador Augusto Pinochet-- se negó a reincorporarlos y apeló el dictamen.

Boric anticipó que los universitarios no negociarán con el ministro de Educación, Harald Beyer, hasta que los secundarios expulsados puedan volver a clases en las mismas escuelas donde estudiaban el año pasado.

Gabriel González, vocero de los alumnos secundarios, convocó a una concentración pacífica para el jueves por la tarde, mientras los universitarios llamaron a una "manifestación familiar" para el sábado y a una protesta nacional el 25 de abril.

El gobierno enfrenta una creciente efervescencia social desde comienzos de año, cuando miles de habitantes de la austral región de Aysén, 1.800 kilómetros al sur de esta capital, paralizaron la zona durante poco más de tres semanas hasta que lograron que el Ejecutivo accediera a muchas de sus demandas.

Sin embargo, a último momento se descolgaron de las negociaciones los pescadores artesanales, que estiman que una reforma a la Ley de Pesca perjudicará sus ya pequeñas cuotas de captura. El miércoles los hombres de mar interrumpieron una ruta que une dos ciudades de la región de Aysén.

La escena se repitió en la zona de Constitución, 360 kilómetros al sur de Santiago, donde unos 3.000 pescadores bloquearon el acceso a la ciudad con camiones atravesados en la carretera y barricadas encendidas, donde fueron severamente reprimidos por la policía antimotines con carros lanza agua y gases lacrimógenos.

Miguel Correa, dirigente de los pescadores del Maule, pidió al gobierno retirar del Congreso el proyecto de ley "porque va en perjuicio directo de todos los pescadores artesanales... los recursos están colapsados y lo único que conseguirá esta ley es hacer desaparecer la pesca artesanal".