Los jubilados españoles, que actualmente no pagan nada por los medicamentos, deberán abonar un 10% de su valor hasta un máximo de 23 dólares al mes, al tiempo que se prohibirá a los extranjeros no residentes en España usar gratuitamente los servicios sanitarios, informó el miércoles el gobierno.

La reforma es la primera relativa a la política sanitaria que presenta el gobierno del Partido Popular, que se ha propuesto ahorrar unos 9.000 millones de dólares en gasto sanitario dentro de su política de austeridad para reducir el déficit.

Actualmente, las visitas médicas y atención hospitalaria se prestan en España de forma universal y gratuita. La ministra de Sanidad, Ana Mato, dijo que de momento se mantendrá ese sistema, aunque se redefinirá una cartera básica se servicios sanitarios para todo el país.

El cambio fundamental es en el acceso a los medicamentos, donde se introduce un pago progresivo en función de la renta para toda la población.

Hasta ahora, los jubilados no pagaban por sus medicinas y el resto de la población costeaba un 40% del precio del medicamento, mientras que el 60% restante se cargaba a cuenta del Estado a través de la Seguridad Social.

Con esta reforma, los jubilados deberán pagar un 10% de las medicinas hasta un máximo de 8 euros (10,4 dólares) o 18 euros (23 dólares) en función de la pensión que cobren.

"Nos hubiera gustado no tener que hacer la reforma, pero garantiza que la asistencia sanitaria sea gratuita para todos los españoles", aseguró Mato.

Los jubilados que viven con la llamada pensión mínima seguirán sin pagar por sus medicinas, mientras que como novedad los desempleados que se hayan quedado sin la ayuda del subsidio también accederán gratis a sus tratamientos.

Para el resto de los trabajadores, el porcentaje del coste del medicamento que deberán abonar se mantendrá en 40% para las rentas más bajas, se subirá a 50% para las intermediarias y alcanzará 60% para las rentas superiores a los 130.000 dólares al año.

Los precios seguirán siendo de los más bajos en el entorno europeo.

Por otro lado, el gobierno acordó poner freno al llamado "turismo sanitario", el uso que algunos europeos realizan del sistema de salud español por ser gratuito.

El gobierno modificará una ley para prohibir "de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria".

Según el Tribunal de Cuentas, la atención a extranjeros no residentes le costó 1.450 millones de dólares al Estado el año pasado.

Los acuerdos se adoptaron en una reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas del país y deberán ser aprobados en el Consejo de Ministros.