La petrolera española Repsol acusó el martes al gobierno argentino de manipular a la opinión pública y usar leyes de la dictadura militar para expulsar a sus directivos de la sede en Buenos Aires, al tiempo que anunció una "batalla larga" y una batería de recursos a todos los niveles para compensar la expropiación de YPF.

Mientras, en el frente diplomático, el canciller José Manuel García-Margallo convocó al embajador de Argentina en Madrid, Carlos Bettini, para hacer constar la protesta del gobierno español. Y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón calificó como "un error político extraordinario" la decisión de Argentina y reiteró que habrá una respuesta contundente "a través de organismos internacionales" y en sus relaciones bilaterales.

Un día después de la intervención de la compañía y el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de un proyecto para tomar el control del 51% de YPF, las acciones de Repsol se desplomaban un 6,5% en la Bolsa de Madrid a media sesión.

En una multitudinaria rueda de prensa, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, cargó duramente contra Fernández, a la que acusó de manipular cifras, tomar la compañía para tapar su crisis social y crear una ley "discriminatoria", que declara los hidrocarburos de interés nacional, pero sólo retira a la española del accionariado de YPF.

"Somos una compañía española y a lo mejor dan ganas de bronca", dijo Brufau.

Brufau aseguró que utilizarán "todas las medidas legales a su alcance" con demandas individuales y colectivas — con pequeños accionistas — de carácter laboral, civil, mercantil, administrativo y constitucional.

De acuerdo con los acuerdos bilaterales entre España y Argentina, Repsol podría acudir a sendos tribunales en Naciones Unidas y el Banco Mundial, una vez las cámaras argentinas aprueben la ley de expropiación.

"La batalla va a durar mucho", advirtió. "La batalla no está perdida y los dineros que hay que poner en este sector son muy importantes".

En ese sentido, exigió una "compensación" justa y pronta. Según la compañía, el valor actual de YPF es de 18.300 millones de dólares, de los que 10.500 millones corresponderían a Repsol en función del 57,4% de las acciones que controla.

Sin embargo expresó sus dudas sobre la imparcialidad del tribunal de tasación, que según el proyecto de Fernández, debe cifrar el valor de la compañía.

Brufau acusó a Fernández de orquestar una campaña con la retirada de concesiones a YPF a través de las provincias para desplomar el valor de la empresa. También aseguró que la nacionalización estaba decidida desde hace tiempo para ocultar la crisis socioeconómica del país.

"A través de levantar la bandera de la expropiación y buscar un responsable en YPF se oculta la realidad", aseguró. "Solo es una forma de tapar la crisis social y económica que está enfrentando Argentina".

Entre las razones de la expropiación, Brufau señaló como clave el yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, descubierto por YPF, cuya explotación, aunque costosa, equivale a 22.807 millones de barriles de petróleo.

Además, Brufau acusó a las autoridades argentinas de invocar una ley de la dictadura militar en el país sudamericano para irrumpir el lunes en la sede de YPF en Buenos Aires y expulsar a los directivos españoles, cuando Fernández todavía hablaba en televisión sobre el proyecto.

"El comportamiento con nuestros directivos y empleados fue patético y vergonzoso", aseguró Brufau.

Fernández acusó a YPF de no realizar las inversiones necesarias. Además, reprochó a la compañía no haber hecho inversiones en relación a los millonarios dividendos de las ganancias repartidos entre sus accionistas. Sostuvo que "la utilidad neta (de YPF) entre 1999 y 2011 ha sido 16.450 millones de dólares y los dividendos pagados han sido de 13.246 millones de dólares".

En una larga exposición, Brufau acusó a Fernández ser una "experta en manipular". El máximo responsable de Repsol dijo que desde la compra de YPF en 1999, Repsol invirtió en el país 20.000 millones de dólares y que actualmente YPF representa el 34% de producción de petróleo de la nación.

Sobre los dividendos, afirmó que siempre contaron con el beneplácito del representante del gobierno en la compañía y que son los beneficios habituales para una empresa privada que en 1999 invirtió 15.005 millones de dólares en la compra de YPF.

Brufau agradeció el apoyo del gobierno español, que todavía no ha anunciado en qué consistiría la "respuesta contundente" que piensa dar a Argentina.

Esa respuesta deberá medir también los intereses del resto de empresas españolas que siguen operando en el país sudamericano, desde bancos como el Santander y el BBVA, hasta la telefónica Movistar.

España es el primer inversor extranjero en Argentina por delante de Estados Unidos.

La inversión directa de España en el país sudamericano alcanzó los 23.242 millones de dólares en 2010, un 26,3% del total con respecto al 16,8% de Estados Unidos, según datos del Banco Central de la República Argentina.