El investigador de la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos, que reveló gastos descontrolados en esa agencia federal, dijo el lunes que está investigando posibles sobornos y ha recomendado ya cargos penales al Departamento de Justicia.

La figura clave en el escándalo, por su parte, invocó su derecho a guardar silencio durante una audiencia en la cámara baja.

El inspector general Brian Miller dejó claro que no ha concluido su pesquisa de funcionarios y ex funcionarios de la agencia (GSA, por sus siglas en inglés) luego de su largo reporte el 2 de abril sobre una conferencia en Las Vegas en octubre de 2010 que le costó al contribuyente 823.000 dólares.

El ejecutivo regional que fue anfitrión de la conferencia en Las Vegas, Jeffrey Neely, invocó su derecho constitucional a guardar silencio para no incriminarse y su asiento permaneció vacío durante el resto de la audiencia en la comisión de supervisión y reforma gubernamental de la Cámara de Representantes.

"Tenemos otras investigaciones en curso, incluyendo todo tipo de incorrecciones, entre ellas oferta y aceptación de sobornos", le dijo Miller a la comisión.

Miller añadió más tarde: "Hemos recomendado cargos penales".

Hacia el final de la audiencia de tres horas y media, el secretario general de la GSA, Michael Robertson, dijo que él le informó a la Casa Banca de las conclusiones preliminares del inspector general el año pasado. Robertson dijo que él le dijo a un abogado de la Casa Blanca, Kim Harris, sobre el reporte poco después de mayo de 2011, "cuando supe que el inspector había informado a (la entonces administradora de la GSA, Martha) Johnson".

La Casa Blanca no hizo declaraciones de inmediato.

Miembros de ambos partidos en la comisión apenas pudieron contener sus expresiones de furia por los gastos excesivos. No sólo les enfureció la cifra total, sino también gastos específicos, como los que se hicieron por un adivino, monedas conmemorativas sobrevaloradas, bicicletas para un ejercicio de desarrollo de equipos y viajes de empleados de la GSA y sus familiares a Las Vegas.

Los legisladores dijeron que no podían entender por qué Johnson, que renunció como jefa de la agencia tras conocerse públicamente el reporte de Miller, esperó meses para tomar medidas luego de recibir el reporte preliminar casi un año antes. Demandaron saber por qué Johnson le otorgó a Neely una bonificación de 9.000 dólares tras enterarse de la conferencia.

Johnson dijo que otorgó la bonificación por recomendación del comisionado de construcciones.