Autoridades de un estado del norte de México presentaron cargos por terrorismo contra dos motociclistas que causaron pánico entre la gente, luego de que aceleraron los motores y el estruendo generó un sonido como de disparos de armas de fuego.

Esta es la segunda ocasión en menos de un año que personas son acusadas en México de cargos de terrorismo por haber provocado pánico en zonas del país que se han visto afectadas por la violencia del narcotráfico.

El vocero del gobierno del estado de San Luis Potosí, Juan Antonio Hernández, dijo el miércoles a The Associated Press que personas que asistieron a un acto público con motivo de las festividades del Sábado de Gloria resultaron con golpes y cayeron en medio de una estampida que se generó tras escuchar los ruidos generados por los motociclistas.

Nadie resultó con heridas que amenazaran su vida.

Hernández señaló que el estruendo de las motocicletas hacía pensar que eran disparos de arma.

Testigos dijeron que los dos motociclistas, identificados como Juan Ramón Munguía y Enrique Treviño Rivera, volvieron a acelerar los motores incluso después de que se había desatado el pánico, agregó el vocero.

El incidente ocurrió el sábado y las autoridades presentaron el martes los cargos por terrorismo.

La comisión de derechos humanos de San Luis Potosí calificó los cargos de excesivos.

Munguía y Treviño salían de su lugar de trabajo la tarde del sábado en una tienda cerca de la plaza principal de la capital de San Luis Potosí, del mismo nombre que el estado y a unos 400 kilómetros al noroeste de la ciudad de México. Tras prender sus motocicletas se dio el incidente.

"Hay dos versiones: ellos (los motociclistas) dicen que allí habitualmente calientan sus motores", dijo el portavoz del gobierno de San Luis Potosí.

"Pero hay testigos que dicen que estuvieron deliberadamente acelerando sus motores, a pesar de que la gente ya había entrado en pánico", añadió Hernández.

El ruido desató la estampida, pero debido a que las calles alrededor estaban bloqueadas por puestos de vendedores ambulantes hubo una aglomeración y produjo que algunas personas cayeran.

Para la comisión de derechos humanos de San Luis Potosí, el problema verdadero no fue el ruido de los motores, sino que la gente no pudiera salir por los puestos.

Hay una "posible responsabilidad de diversas autoridades del Ayuntamiento potosino, quienes permitieron la instalación de vendedores ambulantes en la plaza pública sin el debido control, lo que impidió el rápido desalojo", señaló el organismo en un comunicado.

"La detención y acusación bajo los cargos de terrorismo carecen de sustento jurídico", añadió la comunicación. "Este organismo tiene evidencias de que los dos empleados se encontraban en su centro de trabajo y su actuar corresponde a lo que realizan todos los días: encender una motocicleta que es su medio de transporte cotidiano".

San Luis Potosí ha sido uno de los estados afectados por la violencia del narcotráfico.

El vocero del gobierno dijo que en el último año las autoridades han recibido decenas de miles de llamadas falsas a números de emergencia y amenazas de bomba en hospitales locales.

El código penal de San Luis Potosí señala una pena de prisión de entre cinco y 20 años de prisión a quien incurra en el delito de terrorismo, considerado como aquel en el que se realizan "actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que producen alarma, temor y terror en la población".

Este no es la primera vez que se presentan cargos de terrorismo por casos que generan pánico.

En septiembre, el gobierno del estado de Veracruz acusó de terrorismo a dos personas por haber puesto en redes sociales rumores de ataques del crimen organizado contra la población, aunque luego de diversas protestas públicas, los cargos fueron retirados.

No estaba claro si los dos detenidos en San Luis Potosí tenía abogados, aunque Claribel Guevara, quien fue la defensora de los acusados en Veracruz, consideró que los cargos no se justificaban.

"Ahora es peor, porque ya con un antecedente que tenemos de Veracruz ahora es más triste... lejos de aprender siguen incurriendo en los mismos errores y las mismas violaciones de derechos humanos", dijo Guevara a la AP.

Luego de que el caso de Veracruz se convirtiera en un asunto de libertad de expresión, el gobierno del estado propuso cambiar la ley para crear otro delito relacionado con alterar la paz, con lo cual los acusados salieron de prisión.

El vocero del gobierno de San Luis Potosí dijo que se evalúa hacer lo mismo.