El pequeño poblado español de Rasquera sometió el martes a votación la singular propuesta de sembrar marihuana para liquidar la atosigadora deuda municipal y la mayoría de los habitantes la aprobaron, pero sin llegar al 75% necesario.

Los siete integrantes del concejo local aprobaron la idea en marzo, pero suscitó tal controversia que el alcalde decidió presentarla a referendo en el caserío con 960 habitantes, en su mayoría jubilados.

El referendo en Rasquera, en la región nororiental de Cataluña, representó una ilustración extravagante y legalmente espinosa de los serios problemas financieros de España.

Para que el plan se pusiera en marcha, el grupo en favor del sí necesitaba al menos el 75% de la votación, pero sólo 308 — 56,3% — apoyaron la propuesta, mientras 239 dijeron "no", según los resultados publicados en el cibersitio de la población.

El desenlace finiquita la idea de arrendar un terreno a una asociación de fumadores de marihuana en Barcelona que propuso pagarle a Rasquera 1,3 millones de euros (1,7 millones de dólares) en dos años. La medida le daría empleo a 40 personas en el cultivo, cosecha y empaquetado de la yerba.

El pago ofrecido por la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo habría sido casi igual a la deuda de ese pintoresco pueblo se encuentra en la base de una cordillera con un castigo que data del siglo XII.

El alcalde Bernat Pellisa no pudo ser contactado el martes para conocer su posición, pero José María, asesor del concejo municipal, dijo que el edil creía que la propuesta sobre el cultivo de marihuana era "una buena solución para la economía local y si alguien tiene una idea, que se presente".

Ahogados por las deudas, la mayoría de los ayuntamientos españoles han recortado servicios y aumentado impuestos, pero nadie ha ido tan lejos como Rasquera, aunque el gobierno español advirtió de inmediato que no permitiría el cultivo de cannabis sea cual fuere el resultado del referendo.

En España, el consumo de marihuana en pequeñas cantidades está permitido, pero son ilegales su cultivo para la venta, los anuncios sobre la yerba y su comercialización.

El municipio catalán afirmaba que la medida tenía encaje legal, porque el cultivo estaría destinado al consumo privado de los 5.000 miembros de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo.

"Se trata de una buena solución para la economía", afirmó José María Insausti, quien asesoró al ayuntamiento de Rasquera en materia legal. "Esa es la clave", agregó.

Pero la agencia del Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad, recordó que el cultivo de cannabis es ilegal y que la Policía intervendrá tan pronto se plante la primera semilla.

El alcalde Pellisa había prometido renunciar si el referendo no pasaba. Insausti no respondió de inmediato un mensaje dejado en su teléfono celular en busca de información sobre esa intención del edil.

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Woolls informó desde Madrid y el periodista de Associated Press Alan Clendenning contribuyó en Madrid.