La Corte Suprema rechazó el miércoles siete recursos de protección de organizaciones medioambientales contra un millonario proyecto hidroeléctrico en sectores vírgenes de la austral patagonia chilena.

En su decisión por fallo dividido de tres votos contra dos la tercera sala de asuntos constitucionales confirmó una resolución anterior de una corte de apelaciones de la ciudad de Puerto Montt, en el sur del país, que consideró que el proyecto no vulnera los derechos constitucionales de las organizaciones y del senador Antonio Horvath, que interpusieron los recursos de protección. Así lo manifestó el vocero del máximo tribunal, Jaime Rodríguez.

La resolución, que estaba pendiente desde diciembre, señala que no hay amenaza a las garantías constitucionales, como alegaron los opositores al proyecto.

El proyecto Hidroaysén interviene los caudalosos ríos Baker y Pascua, donde dos grandes empresas eléctricas contemplan invertir 3.200 millones de dólares para la construcción de cinco centrales con una producción de 2.750 megavatios. Además considera la construcción de líneas de transmisión de 1.912 kilómetros que unirán a esta capital con la austral localidad de Cochrane.

Ambientalistas lamentaron el fallo del máximo tribunal chileno, pero señalaron que si bien se perdió una batalla Hidroaysén tendrá todavía que sortear el rechazo de algunos propietarios de las tierras por donde pasarán las líneas de transmisión de la energía, como señaló el dirigente del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo.

La aprobación al trazado de las líneas de transmisión deberá ser otorgada por autoridades gubernamentales del medioambiente luego que la empresa presente el estudio de impacto ambiental.

"Hubiéramos preferido un fallo que aceptara los siete recursos de protección. No obstante, vemos que hay un criterio dividido en la Corte Suprema, lo que explica el retraso", dijo a The Associated Press la directora de la organización Chile Sustentable, Sara Larraín.

Agregó que eso será una luz amarilla de advertencia y que los ambientalistas recurrirán a recursos administrativos para impedir la implementación del millonario proyecto.

El abogado Marcelo Castillo, defensor de organizaciones medioambientales, dijo a su vez que ahora se impugnará el proyecto hidroeléctrico a través de acciones penales porque se habría incurrido en acciones ilegales por parte de funcionarios que lo aprobaron mediante falsificaciones.