Las autoridades federales estadounidenses que intentan llegar a un acuerdo en las acusaciones de presuntas violaciones a los derechos civiles por parte del controvertido jefe policial de Arizona Joe Arpaio dicen que la oficina de éste negoció de mala fe y corre el riesgo de que las conversaciones se interrumpan.

El Departamento de Justicia federal le dijo a un abogado de Arpaio en una carta el martes que la precondición exigida por el jefe policial de no tener un monitor nombrado por la corte con el fin de que ayude a implementar un acuerdo para poner fin a las acusaciones sobre violaciones a los derechos civiles daría como resultado la cancelación de las negociaciones.

El Departamento de Justicia dijo que el abogado de Arpaio — alguacil por el condado de Maricopa, Arizona — le exigió esta precondición el martes a las autoridades federales, a pesar de que anteriormente había estado de acuerdo en que hubiera un monitor en la corte.

"Creemos que usted está desperdiciando el tiempo y no está negociando de buena fe", escribió Roy Austin hijo, un subprocurador general adjunto, al poner en duda si la oficina del jefe policial está realmente interesada en solucionar el asunto. "Sus estrategias han hecho que el Departamento de Justicia desperdicie tiempo y recursos valiosos".

Arpaio dijo que el acceder a que haya un monitor en la corte significaría que cada decisión de políticas tendría que ser aprobada a través de un observador y anularía su autoridad como jefe de Policía electo.

"Me niego rotundamente a entregar mi responsabilidad al gobierno federal", afirmó Arpaio en un comunicado.

El Departamento de Justicia ha acusado a la oficina de Arpaio de detener a hispanos con base en su raza, fundamentar patrullajes para controlar la inmigración en quejas de ciudadanos con móviles racistas que no los acusaban de delitos y castigar a reos hispanos por hablar en español. También acusó al jefe policial de aplicar una cultura de omisión hacia derechos constitucionales básicos.

La oficina del jefe policial ha rechazado las acusaciones de que efectuó acciones policiales en las que sistemáticamente se aplicaban criterios de discriminación y le pidió a las autoridades federales que proporcionen hechos que respalden las acusaciones.

El Departamento de Justicia busca se alcance un acuerdo que requeriría que la oficina del jefe policial entrene a los agentes para que cuando detengan un vehículo por una violación de tránsito lo hagan en forma constitucional, recolecten datos de las personas arrestadas en violaciones a la ley de tránsito y se acerquen a los latinos con el fin de asegurarles que el departamento también está ahí para protegerlos a ellos.

En el pasado la agencia federal ha dicho que está lista para demandar a Arpaio y permitir que un juez decida sobre el asunto si no se puede llegar a un acuerdo.