Tan pronto como principal fuerza rebelde de Colombia liberó a los que llama los últimos 10 soldados y policías que tenía en su poder, el presidente Juan Manuel Santos dijo que la medida no era suficiente para que el gobierno se sentara a negociar un proceso de paz.

Para considerar, incluso, un diálogo, las FARC no sólo deben decir que van a suspender definitivamente los secuestros. Tienen que probarlo y, adicionalmente, tienen que liberar a todos los civiles que tiene en su poder.

"El país y el mundo en general reclaman la libertad de todos los secuestrados", dijo Santos en un mensaje desde la casa de gobierno el lunes por la noche, horas después de la liberación de los uniformados.

La cantidad de secuestrados civiles en manos de las FARC es incierta. Serían seis, incluyendo cuatro ciudadanos chinos retenidos en junio pasado, según datos de la policía antisecuestro ó 30, según la dirección contra el secuestro de la Fiscalía General. El grupo no gubernamental País Libre, por su parte, tiene un listado de 405 personas secuestradas por las FARC desde 2002 y de las que no se tienen noticias.

Santos urgió a la jefatura rebelde a cumplir el compromiso anunciado en un comunicado fechado el 26 de febrero de que cesarían los secuestros extorsivos, a cambio de recompensas, y los políticos, para forzar el intercambio de soldados por insurgentes presos.

Pero, ¿el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC, Timoleón Jiménez, o Timochenko, es realmente capaz de poner fin a una práctica que hace poco más de una década etiquetaba a Colombia como la capital mundial del secuestro? ¿De garantizar que ninguno de los 64 frentes de la agrupación seguirá secuestrando?

Las preguntas son muchas, desde por qué los rebeldes decidieron anunciar el fin del secuestro, si lo harán realmente, quién tomó la decisión dentro de la jefatura guerrillera, y si las FARC están legítimamente interesadas en llegar a una mesa de negociaciones.

Sólo con el tiempo se podrán tener las respuestas, dijeron funcionarios y analistas consultados por The Associated Press. Será también el tiempo el que muestre si Santos, quien al asumir el cargo el 7 de agosto de 2010 demandó entre otras muestras de paz de la guerrilla el que liberaran a todos los plagiados y acabaran con esos secuestros, se sienta o no en una mesa de negociaciones de paz.

"Todo lo que se ha dicho en esta materia (de paz) no es más que pura especulación", señaló el presidente el lunes por la noche.

"Tomará meses antes de que sepamos si las FARC van a cumplir su palabra", dijo Adam Isacson, analista de la no gubernamental Oficina en Washington para América Latina, a la AP. "Incluso nadie coincide sobre cuántas personas permanecen cautivas" actualmente.

Incluso si las FARC liberan a quienes se encuentran secuestrados a cambio de dinero, y Timochenko logra suspender los secuestros, todavía existen muchos obstáculos para que se inicien conversaciones de paz que pongan fin a medio siglo de conflicto.

Las FARC, una insurgencia de 9.000 hombres que se levantaron en armas en 1964, es sólo el más grande de los grupos ilegales que operan en el país y que secuestran personas por motivos políticos, financieros o de otra índole. Entre ellos se cuentan las milicias de extrema derecha, conocidos como "paramilitares", o un grupo rebelde de izquierda llamado el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

El secuestro en Colombia, además, está lleno de complejidades e intrigas. A veces, varios grupos pueden "compartir" las ganancias de un secuestro simple. En otras ocasiones, las FARC son socios menores en secuestros e, incluso, venden su "franquicia" a una banda criminal que hace el trabajo sucio mientras las FARC negocian el rescate, según el general Humberto Guatibonza, director de la policía antisecuestro.

También extorsionan a empresarios y ganaderos, y gente del común y han secuestrado a quienes no pagan, o a sus familiares. Timochenko, además, no ha mencionado detener la extorsión.

El continuo reclutamiento de menores por parte de las FARC tampoco facilita un diálogo. La organización Watchlist acaba de denunciar en las Naciones Unidas que guerrillas y paramilitares insisten en esa práctica y que la edad de niños reclutados también ha bajado, pasando de una media de 13,8 años a 11,8 años.

Tradicionalmente las FARC sólo han dado cuentas, con listados de nombres, de los llamados secuestrados "canjeables" o los políticos, policías y militares que comenzaron a retener desde fines de los 90 para tratar de canjearlos por insurgentes en prisión.

De ese grupo, al menos 60 han sido liberados unilateralmente por la guerrilla desde enero de 2008 o rescatados en operaciones de las fuerzas militares colombianas. Al menos otros 25, entre diputados provinciales, un gobernador, un ex gobernador, un ex ministro de Defensa, policías y soldados, han muerto en cautiverio o al momento de ser secuestrados.

Las autoridades admiten las dificultades de establecer exactamente la cifra de civiles plagiados porque las familias a menudo no denuncian los secuestros ni tampoco reportan una liberación porque prefieren pagar por el regreso de sus seres queridos. Además, los autores pueden ser otros, no necesariamente las guerrillas.

La fundación País Libre dice que no excluye a una persona de su base de datos de cautiverio hasta que se confirme su liberación o su muerte, con el cadáver en poder de las familias, explicó una vocera, Claudia Llano.

Timochenko dijo que las cifras de País Libre eran falsas en un comunicado del 3 de marzo.

"Yo no creo que dejen de secuestrar", dijo el general Guatibonza. "No estoy diciendo que el 90% de los secuestros en Colombia sean de las FARC, pero lo que pasa es que la guerrilla no tiene el control total de su gente. La experiencia me dice que no se les puede creer porque no lo demuestran con hechos".

Guatibonza aseguró que en el pasado las FARC han negado tener en su poder a civiles secuestrados, incluso en comunicados oficiales, para más tarde comprobar, al ser detenidos milicianos de esa guerrilla, que sí lo habían hecho.

Como Guatibonza, los colombianos escépticos del anuncio de Timochenko del 26 de febrero de que abandonarían una de sus grandes fuentes de financiamiento.

A la fecha, no hay indicios de que los rebeldes hayan liberado a un solo civil pero tampoco hay evidencia de que hayan secuestrado a alguien nuevo.

Pero en septiembre pasado fue secuestrada la hija de diez años de edad del alcalde de Fortul, Arauca, una poblado en el estado fronterizo con Venezuela, donde hay fuerte presencia tanto de las FARC como del ELN.

Ambos grupos insurgentes emitieron comunicados negando el secuestro de Nohora Valentina Muñoz, que fue liberada tres semanas después. Seis hombres, entre ellos militantes de las FARC, fueron detenidos por el hecho, dijo Guatibonza, quien no tiene dudas de que las FARC estaban detrás de ese secuestro.

Mery Conejo, directora de la Unidad Nacional Antisecuestro de la Fiscalía General, dice que es "cautelosa en ese pronunciamiento que hizo el señor Timochenko" sobre la suspensión de los secuestros. "Nosotros queremos creer, pero históricamente hemos visto que varias veces hemos estado como en esa misma situación y que nos hemos ilusionado y emocionado y emocionado a una cantidad de familias, que realmente no tienen una buena señal porque el secuestro sigue".

Dos negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC fracasaron en las últimas tres décadas. Y si bien los rebeldes elogiaron la disposición de Santos a abordar el tema de la reforma agraria y la devolución de tierras y propiedades robadas a los campesinos, en semanas recientes se incrementó la violencia.

Las FARC mataron a por lo menos 11 soldados a mediados de marzo en una acción en Arauca, cerca de la frontera con Venezuela, y los militares respondieron con dos ataques a campamentos rebeldes en los que mataron a más de 60 insurgentes.

El analista político León Valencia, director de la no gubernamental Fundación Nuevo Arco Iris, dedicada al estudio del conflicto interno, aseguró que la decisión de cesar los secuestros fue tomada por Alfonso Cano, predecesor de Timochenko en la jefatura de las FARC y quien cayó abatido en un ataque militar el 4 de noviembre de 2011.

Para Valencia el anuncio de los rebeldes es un gesto más bien simbólico que expresa su deseo de ir a una negociación y la premura que tienen por abrir un diálogo.

La jefatura de las FARC "fue capaz de resistir grandes movilizaciones de la sociedad colombiana y no abandonó el secuestro, y ahora, ante una condición (del gobierno) para empezar a negociar, de que liberen a los secuestrados y abandonen el secuestro, lo hacen. Es que están muy interesados en esa mesa de negociación", dijo Valencia.

Valencia cree que Timochenko, de 53 años, no puede garantizar que los 64 "frentes" o unidades de las FARC, con unos 8.000 a 9.000 miembros, acatarán la orden de la jefatura de detener los secuestros.

"Timochenko está buscando una interlocución directa con el gobierno y buscando una negociación. Ellos tienen urgencia porque saben, primero, que si no se hace en este año, ya es muy difícil en 2013 con campaña electoral (presidencial) de fondo y, segundo, que en realidad el ambiente regional es muy favorable" con la presencia de mandatarios como el de Venezuela Hugo Chávez, el de Ecuador Rafael Correa y el de Bolivia, Evo Morales, todos proclives a una salida negociada al conflicto.

Pero ante la enfermedad de Chávez, operado en febrero de un tumor canceroso, "si cambian las cosas en Venezuela, la cosa se pone más difícil y entonces el ambiente regional tampoco es estable" dijo Valencia. "Yo creo que ellos (las FARC) dicen 'esto en Venezuela puede cambiar en cualquier momento'''.

Y un tercer elemento para ese anuncio y buscar esa negociación, explicó Valencia, es la presión de la fuerza pública, no sólo sobre unidades rebeldes, sino también sobre sus máximos jefes, al menos tres de los cuales han muerto en operativos de la fuerza pública entre marzo de 2008 y noviembre de 2011.

"Cuando uno tiene la muerte ahí galopándole en el cuello", dijo Valencia, "no es fácil".

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A este reportaje contribuyeron los corresponsales de Associated Press en Bogotá, Libardo Cardona y César García, y la corresponsal en Nueva York, Claudia Torrens.