El gobierno español aprobó el viernes un drástico recorte de 27.300 millones de euros (36.430 millones de dólares) en el gasto público, medida que espera compensar con una subida de impuestos a las grandes empresas del país en nuevo intento por equilibrar sus cuentas y convencer al mundo de su solvencia.

El gobierno del conservador Partido Popular presentó una revisión a la baja de los presupuestos generales del Estado para 2012, cuyo objetivo es reducir el déficit público del 8,5% actual al 5,3% del PIB comprometido con la Unión Europea.

"Se trata de medidas de carácter extraordinario, porque la situación es extraordinaria", dijo el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. "Es una situación crítica, a la que tenemos que responder con los presupuestos más austeros de nuestra democracia y, en concreto, con medidas tributarias que recaben nuevos ingresos para financiar los servicios sociales".

Un día después de una huelga general contra su reforma laboral, el gobierno hizo públicas en el Consejo de Ministros las cuentas más austeras de los últimos tiempos, en un país al borde de su segunda recesión en cuatro años y con la tasa de desempleo cercana al 23%.

El techo de gasto será de 118.565 millones de euros (158.270 millones de dólares), lo que significa un 4,7% menos con respecto al ejercicio anterior. El gobierno estima que para bajar el déficit al 5,3% antes de final de año, se necesita un recorte 36.430 millones de dólares, que se suma al ajuste anterior de 20.000 millones de dólares aprobado en diciembre.

El proyecto de presupuestos, que no será aprobado por el Parlamento antes de junio, incluye un descenso del 17% de media en el gasto de los ministerios y la congelación del salario de los funcionarios.

El tijeretazo afecta todas las partidas de gasto. Una de las más golpeadas, por ejemplo, es la que España destina a ayuda al desarrollo, con una reducción de casi 700 millones de dólares. También se paralizan la gran mayoría de inversiones en obra pública, como ferrocarriles y carreteras, y se anunciaron recortes en educación, sanidad y defensa.

Sin embargo, y con el desempleo por las nubes, Montoro aseguró que se mantendrán las prestaciones por paro y la actualización del pago de pensiones a los jubilados.

Para financiar los servicios públicos y compensar la falta de ingresos, Montoro descartó una temida alza del IVA, asegurando que en un escenario de recesión, sería contraproducente para el consumo, y anunció una subida general del impuesto de sociedades a las grandes empresas y otro gravamen de impuestos especiales como el del tabaco.

En cuanto a las compañías, el ejecutivo no subirá el tipo impositivo, pero eliminará casi todas las deducciones a las que podían acogerse.

El ministro dijo que este incremento, aunado al que se aprobó hace meses en el impuesto sobre la renta (IRPF), permitirá al gobierno recaudar 12.300 millones de euros adicionales (16.420 millones de dólares).

Además, se autorizó una amnistía fiscal para las rentas no declaradas que se regularicen. Tanto las cantidades repatriadas desde paraísos fiscales fuera de España como el dinero negro oculto dentro del país pagarán un 10% sobre el patrimonio a cambio del perdón.

Será un plan de carácter temporal, que se ha usado en otros países y también en España anteriormente, con el que el ejecutivo esperar ingresar unos 3.300 millones de dólares adicionales de la llamada economía sumergida, que según algunas estimaciones supone un 20% del PIB español.

"Es un ajuste drástico", admitió la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría sobre el conjunto de las medidas. "Pero se toman decisiones importantes para paliar la situación de los que peor lo están pasando y no frenar el crecimiento económico".

La reforma laboral, que abarató considerablamente las condiciones de despido, y la austeridad de los presupuestos eran dos de las leyes de las que Europa estaba más pendiente.

La deuda española y su impacto en el euro mantienen al país ibérico como candidato a un costoso rescate financiero similar al aprobado por Bruselas para Grecia, Irlanda y Portugal.

"España está en el punto de mira, así que no creo que el gobierno tenga mucho margen de maniobra", explicó Antonio Barroso, un analista del Grupo Euroasia. "En los presupuestos han tratado de que la gente vea que el esfuerzo es compartido entre todos".

El propio gobierno admitió que la situación es complicada y que no le queda más remedio que recortar.

"El gobierno y este país va a cumplir", dijo Sáenz de Santamaría. "Si hoy planteamos estos presupuestos, es porque para nosotros cumplir el 5,3% de déficit es sí o sí".

"No hay otras opciones", añadió.