Un juzgado encontró responsables el viernes a seis militares por el asesinato hace cuatro años de un hombre con discapacidad mental al que falsamente reportaron como un guerrillero muerto en combate.

Se trató de la segunda decisión judicial contra uniformados por uno de los casos recientes más emblemáticos en el país de violación a los derechos humanos.

El tribunal dio a conocer el fallo en una audiencia pública en el centro de Bogotá. Dijo que el 25 de mayo anunciará la condena, que podría ser de hasta de 60 años de prisión o la máxima pena estipulada por las leyes colombianas.

Los seis hombres gozaban desde enero de 2010 del beneficio de libertad provisional, pero el juzgado ordenó su inmediata captura tras el fallo de culpabilidad.

El caso está relacionado con la desaparición en Soacha, una barriada al sur de Bogotá, y posterior asesinato de Fair Leonardo Porras, de 26 años, quien fue reportado como desaparecido en enero del 2008.

El hombre fue engañado con una inexistente promesa de trabajo y llevado hasta el municipio de Ocaña, departamento de Norte de Santanter, a 410 kilómetros al noreste de Bogotá, donde fue asesinado.

Otros diez hombres de Soacha corrieron la misma suerte de Porras a manos de militares y sus responsables están siendo también juzgados en procesos aparte.

Los familiares de Porras y la propia Fiscalía han dicho que éste había sufrido en su infancia de meningitis, una enfermedad que lo dejó con un alto grado de incapacidad mental.

La determinación del viernes recayó en el mayor del ejército Wilson Quijano y en el teniente Diego Aldair Vargas, quienes fueron declarados responsables de los delitos de desaparición forzada y homicidio. En tanto se culpó al cabo Carlos Manuel González y los soldados Ricardo Contreras, Ricardo García y Carlos Zapata por homicidio.

En julio de 2011, ocho militares habían sido condenados a penas de entre 28 y 55 años de cárcel por la ejecución extrajudicial de otros dos civiles de Soacha. Entre los afectados con esa medida figuró el teniente coronel Wilson Castro, quien fue sentenciado a 55 años de prisión.

El caso de la desaparición y posterior asesinato de los 11 hombres de Soacha --sin vínculos entre ellos-- llevó a que en octubre de 2008 el entonces presidente Alvaro Uribe (2002-2010) y su entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos --hoy presidente de Colombia-- destituyeran a 27 militares, entre ellos a tres generales, porque por acción u omisión habrían permitido esta tipo de crímenes.