La máxima corte de justicia de Brasil abrió un proceso contra el diputado Joao Lyra por mantener trabajadores en condiciones de esclavitud, informó el viernes el tribunal.

El Supremo Tribunal Federal (la corte suprema) votó la noche del jueves seis a cuatro por acoger una denuncia de la fiscalía contra Lyra por mantener a 56 trabajadores en condiciones deplorables en una plantación de caña de azúcar de su propiedad en el estado de Alagoas, en el noreste del país.

Según la acusación contra el legislador, del independiente Partido Social Democrático, los trabajadores eran sometidos a jornadas de trabajo de 12 horas, incluso en período nocturno, sin respetar el derecho de descanso los domingos.

La fiscalía denunció que los empleados de la hacienda no contaban con equipo de seguridad, vivían en alojamientos precarios, sin ventilación, sin condiciones mínimas de higiene y sin agua potable.

El diputado no se manifestó sobre la decisión pero sus defensores argumentaron que la situación de los trabajadores fue regularizada y que nunca fueron forzados a permanecer en la hacienda.

El juez Marco Aurelio Mello, relator del caso, votó por rechazar la denuncia contra el diputado al acoger el argumento de la defensa de que los trabajadores nunca estuvieron privados de libertad y que tenían la posibilidad de abandonar el lugar si así lo deseaban.

Su posición fue rechazada por la jueza Rosa Weber, quien argumentó que los hechos denunciados afrontan la dignidad humana y colocaron a 56 personas en condiciones de esclavitud. Su postura fue apoyada por otros cinco magistrados.

Los cargos contra el legislador fueron formulados en 2008 cuando un equipo de inspectores del Ministerio de Trabajo realizó una inspección en la hacienda de Lyra y detectaron las irregularidades.

Por su condición de diputado federal Lyra sólo podía ser procesado por decisión del STF.

Cada año el Ministerio de Trabajo detecta miles de trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud, un delito que puede acarrear una sanción de dos a ocho años de prisión para el responsable del abuso laboral.

En 2010 fueron rescatados 2.628 trabajadores en esa condición, según datos del ministerio, gran parte de ellos en áreas rurales del empobrecido norte y noreste del país.