Los gobiernos de México, Chile, Colombia y República Dominicana, entre otros, enviaron peticiones al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que ratifique una orden que bloquea las disposiciones más severas de la polémica ley migratoria de Arizona.

Los países forman parte de los aproximadamente 350 gobiernos, asociaciones, departamentos de policía estadounidenses y legisladores que enviaron las cartas o documentos "amicus curiae" al tribunal.

Un "amicus curiae" es un escrito presentado por terceras partes, sin solicitación de las partes litigantes, que tiene el objetivo de ayudar a un tribunal a tomar una decisión en un determinado caso.

Políticos y activistas de algunos de estos grupos dijeron el jueves a periodistas que la revocación de la orden que frena la ley provocaría la categorización racial y discriminación de la población inmigrante de Arizona y, a la larga, del país.

"Lo que estamos diciendo es que una nación que crea leyes en contra de la apariencia de alguien o contra el barrio donde viven o contra el empleo que tienen, no es una nación que vive bajo los ideales de nuestro país", dijo el congresista puertorriqueño Luis Gutiérrez durante una conferencia telefónica con medios de comunicación.

El legislador es uno de los 68 miembros del Congreso que han firmado una de las peticiones. Los gobiernos de Bolivia, Brasil y Guatemala, entre otros, también han firmado.

Las peticiones serán consideradas por el Tribunal Supremo, que el 25 de junio mantendrá una audiencia para empezar a evaluar aspectos de una demanda del Departamento de Justicia contra la ley SB1070.

Una de las disposiciones bloqueadas de la ley incluye un requerimiento de que la policía, mientras aplica otras leyes, interrogue sobre su estatus migratorio a personas detenidas si sospecha que se encuentran en el país sin autorización legal.

La ley SB1070 fue aprobada en Arizona en abril de 2009, y aunque en parte ha sido frenada por varias demandas, otros estados como Utah, Indiana, Georgia, Carolina del Sur y Alabama han seguido su ejemplo y aprobado leyes similares.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien firmó la ley, ha dicho varias veces que espera que el Tribunal Supremo respalde la autoridad constitucional de Arizona.

Brewer ha señalado que la inmigración ilegal ha provocado serios problemas fiscales y de seguridad en su estado y que Arizona gasta millones enviando a inmigrantes sin papeles a las cárceles y ofreciéndoles educación y cuidado médico.

Representantes del National Immigration Law Center (Centro Nacional de Derecho Migratorio) dijeron durante la conferencia del jueves que sus equipos de litigación ya se están preparando para poder responder a cualquier decisión del Tribunal Supremo.

Se espera que el tribunal decida sobre la SB 1070 antes de junio. Si se ratifica la orden contra la ley podría significar que el tribunal reconoce que las leyes migratorias deben ser regidas por el gobierno federal y no por los estados, dijeron los activistas.

Jack Harris, ex comisionado de policía de Phoenix, Arizona, dijo que leyes como esta perjudican a departamentos policiales que deberían enfocarse en criminales peligrosos y operaciones de narcotráfico, en lugar de prestar atención a jornaleros que quieren trabajar.

"Ese no es el tipo de gente que está cometiendo la mayoría de los crímenes en nuestras comunidades", dijo Harris.

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