La Corte Suprema rechazó el pedido de extradición presentado por la justicia argentina en contra del ex presidente Francisco Morales Bermúdez por la supuesta comisión de delitos de secuestro, tortura y asociación ilícita a finales de los años 70.

El Poder Judicial informó en un comunicado que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró improcedente la solicitud de extradición presentada en febrero contra Morales Bermúdez, general retirado, por supuestamente ordenar en 1978 la detención y posterior deportación de trece ciudadanos peruanos opositores al régimen militar que presidió entre 1975 y 1980.

El juez federal argentino Norberto Oyarbide, quien planteó la acusación, dijo que ese hecho se llevó a cabo en el marco del Plan Cóndor en el que también habría colaborado Perú. El Plan Cóndor coordinó la represión ilegal de las dictaduras del Cono sur en la década de 1970.

Según el poder judicial, el pedido de extradición fue desestimado, por no cumplirse con el principio de la doble incriminación, que establece que los delitos imputados tienen que ser vigentes en las legislaciones de los dos países involucrados. Esto no sucedió en el caso de los delitos de tortura y asociación ilícita que no estaban tipificados en la legislación peruana en la época, dijo la Sala Penal Permanente.

Además mencionó que no se aportaron pruebas suficientes para sustentar el pedido de extradición.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que la justicia peruana asuma una investigación que pueda conducir al juzgamiento de Morales Bermúdez por el delito de secuestro, ya que éste está tipificado como delito de lesa humanidad y por lo tanto no es prescriptible.

Por ello, dijo que ha ordenado que se remitan las copias certificadas del expediente de extradición a la Fiscalía.

Morales Bermúdez, hoy de 90 años, ha rechazado las acusaciones de la justicia argentina, afirmando que Perú nunca fue parte del Plan Cóndor y que la deportación de los 13 peruanos opositores fue un procedimiento regular que se hizo para impedir que izquierdistas radicales obstaculizaran el proceso de retorno a la democracia que se concretó en 1980.